LD (EFE) La ministra de Bienes Nacionales de Chile, Romy Schmidt, ha hecho público un informe para transparentar y difundir el uso que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 se le dio a varios inmuebles fiscales. El estudio detectó que más de quinientos funcionaron como centros de detención y torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Schmidt destacó que la idea era identificar el lugar, distribución territorial y la administración que tuvieron los inmuebles que funcionaron como centros de violación de derechos humanos. Subrayó que el catastro no busca "estigmatizar inmuebles, sino preservar una parte dolorosa de nuestra memoria histórica".
La ministra agregó que "nos anima el propósito de contribuir a que los ciudadanos recordemos siempre que la democracia es preciso cuidarla y fortalecerla, y entregar un legado a las nuevas generaciones".
El estudio contó con el apoyo de organismos como el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Comisión Asesora Presidencial para las políticas de Derechos Humanos, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), entre otros. Según la "Comisión de Prisión Política y Tortura", 27.255 chilenos, de un total de 37.000 que prestaron testimonio, fueron torturadas durante la dictadura de Pinochet, que utilizó esa práctica "como una política de Estado".