La Junta aplaude ahora a la juez Alaya por la fianza impuesta a Guerrero

Tras meses de arremeter contra la juez que está investigando el fraude millonario de los ERE, el Gobierno de Griñán ha decidido cambiar de táctica. Tras el auto que impone una fianza de responsabilidad civil que supera los 600 millones de euros, la Junta ha contestado con una delirante interpretación de la actuación de Alaya.

En un comunicado, recogido por Europa Press, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha señalado que las últimas decisiones de la juez "suponen un reconocimiento a la labor" de la Administración autonómica al "defender" su personación en las diligencias como acusación y al "poner en valor" información elevada a la juez por la Junta "a iniciativa propia".

Nada más lejos de la realidad. La juez Alaya afirma textualmente que rechaza expulsar a la Junta como acusación particular en el proceso y designarla responsable subsidiaria de las futuras indemnizaciones, como había pedido el abogado de Guerrero, para no lesionar "nuevamente el interés jurídico de los ciudadanos". Explica la magistrada que "en el plano real" los verdaderos perjudicados por los ERE fraudulentos "son los ciudadanos de este país, con independencia del buen nombre de una institución pública".

En caso de declarar responsable subsidiaria a la Junta, añade Alaya, "se daría la paradoja de que a los únicos que podría beneficiar sería a los futuros acusados para no hacer frente a sus propias responsabilidades". Mientras tanto, los ciudadanos "se verían doblemente perjudicados, primero por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público, y segundo por tener que hacer frente, mediante el abono de sus tributos, a la cantidad en la que se concrete la responsabilidad civil subsidiaria".

El Gobierno andaluz, sin embargo, destaca que la Administración autonómica "está personada como parte acusadora desde el inicio de la instrucción", porque "el Gobierno de Andalucía fue quien presentó la primera denuncia en febrero de 2009 y que dio lugar a esta investigación".

Presumen de devolver sólo seis millones

Para el Ejecutivo andaluz, el mencionado auto de la juez Mercedes Alaya "supone un nuevo avance en la concreción de medidas para reparar el daño causado al interés general", habida cuenta de la fianza de responsabilidad civil impuesta a Guerrero. Así, la Junta confía "en que la instrucción siga avanzando con rapidez" y recuerda que, por su parte, ya había emprendido las correspondientes actuaciones administrativas "para la recuperación de las cantidades indebidamente percibidas por personas o entidades".

"Actualmente, ya se encuentra en fase de reintegro un primer grupo de ayudas sociolaborales por un importe que ronda los seis millones de euros. Además se está realizando la revisión de oficio de todas las ayudas a empresas con fondos del programa 31L y se ha solicitado información a las intermediarias sobre los datos de gestión imputados", señala el Gobierno andaluz, para el que este auto "supone un reconocimiento a la labor realizada por la Junta en un doble sentido: porque se 'defiende la personación de la Administración como acusación' y porque se pone en valor la información facilitada por iniciativa propia de la Junta al juzgado sobre la trama de empresas con ayudas presuntamente irregulares.