La actitud obstruccionista de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE fraudulentos y las subvenciones irregulares ha provocado un nuevo auto de la juez instructora del caso ERE. Se trata en este caso de una información que pidió la Juez al gobierno Griñán y que este no le envió. Saltó la sorpresa cuando Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del ex consejero encarcelado Antonio Fernández, esgrimió la información requerida por la juez. La Junta dice haberla entregado hace un año pero Mercedes Alaya firmó el pasado 18 de mayo un auto en el que solicita nuevas diligencias y afea la conducta de la Junta de Andalucía que persiste en no facilitar parte de la información que el juzgado le pide.
Cuenta ABC que la juez asegura en la resolución que "ha sorprendido enormemente" al juzgado que, pese al requerimiento reiterado a la Junta de Andalucía para que le enviara los informes sobre los reparos de la Intervención General, al final haya tenido conocimiento del citado informe a través de la documentación aportada por el letrado del exconsejero Antonio Fernández en su recurso contra el auto de prisión.
Según Alaya, lo único que le había enviado la Junta de Andalucía era "un escueto legajo de documentación donde no constan ni el Informe de la Intervención Delegada oponiendo reparos a los pagos de dicha ayuda sociolaboral ni el informe definitivo de la Intervención General de la Junta de Andalucía".
Según la juez, tal circunstancia demuestra el fácil acceso que las defensas pueden tener de la documentación de la Junta de Andalucía y las continuas dificultades que la Administración pone al juzgado, lo que contrasta con su posición de acusación particular dado. Del escrito de la juez se desprende que la Junta más bien parece la defensa de algunos acusados que su acusación particular.
Por ello le pide «por última vez y sin dilación alguna» que aporte el expediente íntegro relativo a la ayuda sociolaboral concedida a Hijos de Andrés Molina y cada uno de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, así como el escrito de discrepancia de la Viceconsejería de Empleo.
La flamante consejera de Presidencia, Susana Diaz, aseguró que se trata de un «error» porque la Junta ya envió esos informes y volvió a calificar de "desproporcionada" la fianza impuesta a Fernández.
El auto de la juez también solicita más información al Ejecutivo, incluyendo las fichas presupuestarias y memorias de transferencias corrientes y de capital al IFA/IDEA en los años 2002, 2004 y 2008. También pide a las consejerías de Empleo y de Innovación que entregue diversa documentación de los años 2001 a 2010, entre ellos los expedientes íntegros de modificaciones presupuestarias de los capítulos IV a VII y los gastos de ambas que guarden relación con las agencias de la Junta IFA e IDEA, que tramitaron las ayudas investigadas
Además solicita a IFA/IDEA que aporte las actas del consejo rector, las normas de procedimiento en lo relativo a la gestión económica de la entidad y los expedientes individualizados que tenga la Agencia de las subvenciones a 59 empresas, todas ellas investigadas en el procedimiento. Igualmente la juez solicita los expedientes tramitados bajo la figura de encomienda de gestión así como las mencionadas en los informes de la Auditoría de la Intervención General de la Junta de Andalucía correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009.
Pero también solicita a la Junta de Andalucía los expedientes de subvenciones a otras empresas que aún no se habían incorporado ala causa. Entre ellas Alpha Corporte, Antonio Gálvez Peluqueros, Consorcio de Compensación de Seguros, EDM Séneca, Fundación San Telmo, Jerez Industrial, Novomag Manufacturas Metálicas, San Sebastián de Guadalcanal S.C.A y Taller de Libros S.L.
A la Agencia Tributaria le pide que investigue los ingresos recibidos y pagos realizados por el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís y sus relaciones con otras entidades como la aseguradora Uniter, Lógica Estratégica Empresarial —empresa propiedad del chófer de la Junta encarcelado Juan Francisco Trujillo— y la empresa sevillana Virgen del Espino.
El exdirector general Guerrero quiere que declare su ex consejero Viera
La defensa del Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de Andalucía encarcelado por los ERE falsos, ha pedido a la juez Mercedes Alaya que tome declaración al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, al ex interventor general que fiscalizó las ayudas investigadas y al jefe del Gabinete Jurídico de la Junta.En el escrito no se no precisa si estas personas deben declarar en calidad de imputadas o como testigos, pues se trata de aspectos que debe decidir la propia juez.
José Antonio Viera fue consejero de Empleo entre el 2000 y el 2004 y es considerado uno de los impulsores del método de las subvenciones fraudulentas y ERE falsos vía fondo de reptiles. Manuel Gómez Martínez fue interventor general de la Junta entre el 2000 y el 2010 y firmó los informes sobre las ayudas que investiga la juez aunque no ha dejado de cargar las tintas contra el PP andaluz. Francisco del Río fue jefe del Gabinete Jurídico de la Junta y miembro nato de los consejos rectores de las agencias IFA e IDEA, a través de las cuales se canalizaron las ayudas.
La propia Guardia Civil en un informe entregado a la juez ha señalado el "papel esencial" de Viera en las ayudas, pues insistía en "sacarlas adelante" y "promovía" las referidas a la Sierra Norte de Sevilla, donde tiene vínculos personales.
Recuérdese que Guerrero dino que entre los conocedores del sistema y del destino de las ayudas investigadas estaban el expresidente andaluz Manuel Chaves, el actual titular José Antonio Griñán e incluso la exportavoz de la Junta Mar Moreno. Como artífice del sistema a Guerrero apuntó el nombre de José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso.