La representación jurídica de la Junta de Andalucía ha pedido al Juzgado de lo Social número ocho que suspenda el juicio fijado para el 15 de junio por la demanda promovida por el grueso de los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, contra la negativa de la Consejería de Empleo a financiar sus rentas.
Según el presidente del comité de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), la Junta habría reclamado tanto que el juicio sea derivado a la vía Contencioso Administrativa, como que se postergue hasta la resolución de la revisión de oficio emprendida sobre los compromisos firmados por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero para las pólizas de seguro de rentas asociadas a este ERE.
Rafael Domínguez, en ese sentido, ha informado también de que los abogados de las uniones provinciales de CCOO y UGT "han alegado en contra" de estas peticiones de la representación jurídica de la Administración autonómica, al objeto de que el juicio se celebre finalmente el 15 de junio. Mediante la citada revisión de oficio, cabe recordarlo, la Junta de Andalucía pretende declarar nulos dichos compromisos de abono relacionados con este expediente de regulación de empleo.
Este juicio, de cualquier modo, había sido inicialmente señalado para el 23 de noviembre de 2011, fue suspendido entonces, y el 17 de mayo fue nuevamente aplazado al fallecer un familiar directo de la juez encargada de dirimir el asunto.
La demanda en cuestión fue firmada por 34 de los 40 prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007. La demanda carga contra la propia sociedad gestora del mercado central de abastos, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal Mercasa como máximos accionistas de la empresa, la Consejería de Empleo, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la división aseguradora del Banco Vitalicio -actualmente 'Generali'- y la consultora 'Vitalia Vida'.
El caso de Garrido Santoyo
Como se recordará, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla del mercado central de abastos y quien fue detenido e imputado en el marco de las actuaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.
En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla y la trama de prejubilaciones fraudulentas investigada en Andalucía.
Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero había firmado entre 2007 y 2008 tres documentos mostrando la "conformidad" de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera advierte en un documento recogido por Europa Press de que estos actos fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".