Se enfrentaban dos tesis, la del PSOE y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para quienes la comisión debería ser rápida y sin alargarse en el tiempo, y la de la oposición, PP y entonces IU, que quería una comisión que entrara a fondo en los asuntos tardara el tiempo que tardase.
Pero la actual mayoría PSOE e IU ha impuesto la tesis de la celeridad, a pesar de que IU era partidaria, hasta hace bien pocos días, de una comisión que jugara el papel de investigar de verdad lo que había pasado en el caso de los ERE, las subvenciones irregulares a empresas y el fondo de reptiles.
El PP ya ha denunciado una maniobra que cercena la cualidad básica de la Comisión, el rigor, mientras que Izquierda Unida, con ayuda de El País, trata de apuntarse un tanto argumentando que no serán ni seis meses de duración como quería el PP, ni dos, como quería el PSOE.
Es la propia agencia EFE la que desvela la existencia del pacto IU-PSOE, como era de esperar. "El pacto del PSOE e IU en la comisión de los ERE provoca el choque con el PP", dice la agencia nacional. Y explica que la Comisión abrirá las comparecencias el 23 de julio y concluirá sus trabajos el 30 de septiembre, según el acuerdo alcanzado entre el PSOE e IU.
El portavoz del PP-A, Carlos Rojas, cree que ha quedado demostrado que la propuesta de PSOE e IU estaba "bastante avanzada" y que genera que haya una comisión de investigación "a su medida", al tiempo que ha denunciado que ambas formaciones están poniendo "vetos y obstáculos" al PP para llegar al final, algo que han calificado de "inaceptable".
La Razón alude a una Comisión Express lograda gracias al pacto PSOE e IU. La comisión de investigación, una vez reunida, aprobó el plan de trabajo y el reglamento con el que funcionará durante los tres meses que estará activa, con lo está previsto que concluya sus trabajos el 30 de septiembre, si bien no se descarta una ampliación de este plazo.
Será, por tanto, a finales de septiembre cuando estén terminadas las conclusiones de la comisión que trabajará durante julio y agosto, según el acuerdo del PSOE e IU, socios del Ejecutivo andaluz, que ha contado con el rechazo del PP, conclusiones que deberán ser ratificadas por el pleno del Parlamento autonómico.
El PP se ha negado a aprobar el plan de trabajo de la Comisión. Según su portavoz, PSOE e IU quieren que la comisión "acabe cuanto antes y se convierta en un mero trámite" porque no están interesados en que se conozca la verdad de los hechos, y para ello "van a impedir" que se conozca bien la documentación "sin ninguna prisa".
García ha concretado que la pretensión es que la comisión cuente antes de concluir sus trabajos con el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los ERE irregulares de la Junta. La portavoz socialista, Antonia Moro, ha denunciado que la negativa del PP a aprobar el plan de trabajo se basa en una "estrategia de dilación" para "seguir erosionando" al Gobierno andaluz.
A su juicio, lo que pretenden los populares, que fijaban los trabajos de la comisión hasta diciembre, es "continuar haciendo ruido" para "evitar" que se hable de las "erróneas" medidas del Gobierno de Mariano Rajoy como los recortes, la subida del IVA, el copago farmacéutico o la situación interna del PP-A.
El presidente de la Comisión, Ignacio García, de IU, ha explicado que es pretensión de la comisión que el informe de la Cámara de Cuentas, que señalaba con el dedo de la responsabilidad a José Antonio Griñán, a Manuel Chaves y al conjunto de los consejeros de la Junta en el caso de los ERE, pueda tratarse en la misma, aunque no lo ha garantizado. Bastaría que el informe tardase en publicarse más de los tres meses previstos para la duración de la Comisión para que tan importante documento no pudiera ser tenido en cuenta.
Para El Mundo, editorialmente, es un mal comienzo de la Comisión el que sin conocerse el número de comparecientes, ni de documentos a analizar, ya se haya fijado un plazo de tres meses. Es más, sin conocerse el rumbo de la investigación judicial que podría dar origen al estudio de nuevos documentos o a la comparecencia de nuevas personas, parece poco serio el que ya se haya fijado techo temporal a la Comisión. Por ello, PSOE e IU serán cómplices del "telonazo" a esta injusta comedia.
Comparecientes y documentos
El PP pide que 24 personas, entre ellas, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien dirigió la Consejería de Economía y Hacienda durante 2004 a 2009 —el periodo investigado abarca desde 2001 a 2010— y su antecesor, Manuel Chaves, comparezcan ante la Comisión. También figuran en la agenda popular otros 11 consejeros o exconsejeros de la Junta de Andalucía, por supuesto los responsables de la Consejería de Empleo cuando retuvieron lugar los hechos.
Ignacio García (IU) estimaba que el número de personas que acudirá a declarar alcanzará el medio centenar, lo que, tomando nota del tiempo previsto, hace que pueda haber una comparecencia diaria durante casi dos meses.
El PSOE guarda silencio sobre sus demandas de comparecencias aunque recuerda que Griñán ha dicho que le gustaría acudir a declarar. Manuel Chaves dijo lo mismo. Ni siquiera aclara el PSOE si permitirá que Canal Sur TV retransmita las sesiones de la Comisión como ha pedido el PP.
Lo primero que hará la comisión será pedir los más de 200.000 folios de documentación que están depositados en el juzgado de Sevilla que dirige Mercedes Alaya lo que de hecho equivale al conocimiento público del mismo.
La Fiscalía archiva la investigación
Según el escrito de archivo del que da cuenta ABC, la Fiscalía ha concluido, tras iniciar una investigación por la publicación del borrador del citado informe, que no se considera procedente dirigir actuaciones contra el medio periodístico (ABC) ni contra el periodista firmante de los artículos por entender que "la salvaguardia de las fuentes de información es de obligada invocación por el profesional de la prensa".
Pese a "la inconveniencia " que ha supuesto la difusión pública de es ese informe para el funcionamiento de la cámara de Cuentas, el caso ha sido archivado.
Recuérdese que el borrador del informe de la Cámara de Cuentas sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por los ERE que fue publicado revelaba graves irregularidades en el procedimiento de los ERE, y graves responsabilidades del equipo de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía.