La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a los miembros de ETA Idoia Mendizabal, alias 'Ilargi', y Asier Arzalluz Goñi, alias 'Sendoa', a sendas penas de 377 años de cárcel por su participación en el intento de asesinato de la teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, el 28 de febrero de 2002, mediante la colocación de un 'carrito bomba' que debía estallar a su paso por la calle que conducía al Ayuntamiento, infoma Europa Press.
El tribunal, presidido por la magistrada Manuela Fernández de Prado, ha impuesto a cada uno de ellos 18 años de prisión por cada uno de los 20 intentos de asesinato terrorista de los que les acusaba la Fiscalía y 17 años por un delito de estragos.
Además, ha fijado una indemnización de 155.800 para Cabezudo y de 286.200 euros para su escolta Ignacio Torres. Ambos se encuentran de baja por estrés postraumático y no han podido volver a desarrollar su profesión desde que se produjo el atentado.
La ex teniente de alcalde socialista y su escolta salvaron su vida porque aquella mañana circulaban por la acera contraria a la utilizada por los terroristas para la colocación del artefacto explosivo.
La sentencia considera probado que Arzalluz, Mendizabal y un tercer terrorista formaban parte del grupo de ETA autodenominado 'Olaia' dentro del cual fijaron como objetivos a varios representantes municipales a los que tachaban de "españolistas". Este comando contaba con la colaboración de los taldes de apoyo 'Jata' y 'Urbasa'.
Dentro de esta campaña de atentados, colocaron el 28 de febrero de 2002 un carrito de la compra con una bomba compuesta por 20 kilos de titadyne que activaron en la calle Casilda Iturriza, por la que debía pasar Cabezudo de camino al Pleno previsto aquel día en el Ayuntamiento.
Atendiendo a las circunstancias que rodearon al atentado, los magistrados destacan que éste se perpetró a las 9.10 horas de la mañana en "pleno casco urbano" y con un artefacto de "enorme potencia" y ello evidencia que los autores "buscaban causar la muerte de la teniente de alcalde y de su escolta, pero conscientes de que habría de haber otras muchas personas, aceptaron causar la muerte de cualquiera que se encontrase en las inmediaciones y además buscaron producir daños de enorme magnitud" en los edificios de la zona.
Durante el juicio, la ex teniente de alcalde la localidad vizcaína de Portugalete declaró, protegida por una mampara que le impedía ver a los acusados, que la acción terrorista cometida en su contra en febrero de 2002 por un comando de legales de ETA le cambió la vida. "Ahora vivo permanentemente con miedo", dijo.
Por todo ello, la Sala obliga a los dos acusados a pagar una indemnización superior a los 200.000 euros a las 18 personas que resultaron heridas en el lugar de la explosión. La resolución remarca a este respecto que los etarras prepararon una "acción muy violenta" que originó "efectos terribles" y que sólo "una afortunada coincidencia libró a las víctimas de lo que de otro modo hubiese sido una muerte segura".
Un atentado "especialmente reprochable"
El tribunal, formado por los magistrados Manuela Fernández de Prado (ponente), Javier Martínez Lázaro y Nicolas Poveda Peñas, entiende además que este intento de atentado es "especialmente reprochable" ya que "la víctima principal era una representante municipal, buscada precisamente en atención al cargo público que representaba, una persona que desarrollaba un servicio público y que fue elegida por sus vecinos".
Según recoge la sentencia, los terroristas se refugiaron tras cometer el atentado en un piso alquilado en Amorebieta por Gorka Martínez Arkarazo, a quien comentaron que no había sido correcta la colocación del carrito bomba.
El comando reivindicó el atentado en una nota mecanografiada en vasco y remitida a la cúpula de organización, que se incautó en la operación policial desarrollada contra Juan Fernandez Iradi, alias 'Susper', en diciembre de 2002. La banda terrorista ETA se atribuyó la acción terrorista mediante una comunicación al diario Gara.