DISCURSO ÍNTEGRO DE ANGEL ACEBES

Gracias, señor Presidente. Buenos días.

Miembros de la Delegación catalana, señorías.

El Grupo Parlamentario Popular reitera ante esta Comisión su oposición a la pretensión de la propuesta de reforma estatutaria de crear un cuerpo de derechos y de deberes propios para los ciudadanos de Cataluña. Para el Grupo Popular la igualdad de los ciudadanos sólo es efectiva si todos asumen la misma carga de obligaciones y el mismo caudal de derechos subjetivos.

La ciudadanía en un Estado constitucional unitario y democrático como es el español, señorías, no admite escalafones ni grados. Pero esto es lo que nos propone la reforma estatutaria que hoy debatimos. El reconocimiento de un acervo específico de derechos para los ciudadanos de Cataluña que acaba con el principio de igualdad de derechos de todos los españoles y lo hace por ley. Así de claro pero así de tremendo.

Señorías, la lucha por la igualdad ha marcado el devenir de los pueblos. Su pleno desarrollo, su democratización definitiva, su incorporación a la modernidad se produjo cuando el súbdito se convirtió en ciudadano, cuando las castas y los estamentos dieron paso a la sociedad, cuando las jurisdicciones especiales cedieron ante la unidad jurisdiccional, cuando el patrimonio, la raza, el sexo y la religión o la lengua dejaron de ser signos identitarios o criterios de exclusión.

Señorías, nosotros no queremos hacer un viaje a ese pasado, ni al siglo XIV, ni al XVIII, ni para buscar argumentos ni legitimaciones históricas que separen o alejen a los españoles entre sí. Preferimos seguir apelando a la unidad, a la solidaridad, que pactamos en 1978 a partir de la idea nacional de España.

Pues, señorías, sólo hay igualdad entre españoles si se mantiene la unidad de la nación. Y les pregunto, señorías, ¿acaso no han encontrado los catalanes sus mayores cotas de libertad, de desarrollo político, de afirmación cultural, precisamente, gracias a la Constitución y a los derechos y libertades que ésta reconoce? ¿a qué viene entonces remontarse a la Edad Media como hace el Estatuto para buscar legitimaciones que no eran siquiera democráticas ni representativas del pueblo?

Señorías, además, esta propuesta de reforma estatutaria ni es reforma porque deroga el Estatuto de 1979, ni es estatutaria porque desborda los límites de una norma autonómica para asumir regulaciones de propósito constitucional. La verdadera intención del Título Primero es la pretensión de situar al Estatuto al mismo nivel de la Constitución española y esto es claro. Basta con leer el artículo cuatro de la propuesta de reforma “los poderes públicos de Cataluña deben promover el pleno ejercicio de las libertades y de los derechos que reconocen”; y cita en primer lugar el presente Estatuto y a continuación, todos los demás: la Constitución, la Unión Europea, la Declaración de Derechos Humanos y los pactos y convenios internacionales. Pero, primero, el Estatuto. Pues bien, conviene dejar sentado, con toda claridad, que frente a lo que se desprende de este tenor literal, la Constitución española es la única norma que reconoce y que garantiza derechos fundamentales.

Por tanto, señorías, la regulación sustantiva de derechos y deberes de los ciudadanos, más allá de su plasmación como mandatos de actuación a los poderes públicos, es impropia de un Estatuto de Autonomía y, como se trata de una competencia constitucional, nuestra Constitución, no ofrece ningún tipo de dudas. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Introducir una regulación de derechos y deberes privativa para los ciudadanos de Cataluña es una clara vulneración de estos preceptos. Por tanto, supone romper la igualdad y la unidad de derechos de todos los españoles.

Lamento constatar que la singularidad que pretende la propuesta de reforma estatutaria que hoy debatimos persigue una diferenciación de carácter nacional de los ciudadanos catalanes respecto a los demás ciudadanos españoles.

Claro que el preámbulo tiene valor jurídico, señores del PSOE, y el Título Primero también. Resulta que ahora, para el PSOE, no tiene valor jurídico el preámbulo y para su socio CiU ayer nos hemos enterado que es el Título Primero el que no tiene valor jurídico. Pero, señorías, ¿qué Estatuto han traído aquí, que llevamos visto el preámbulo y el Título Primero y quienes lo han pactado dicen que no tiene ningún valor jurídico ni el preámbulo ni el Título Primero? ¿De qué estamos hablando, señor presidente, en las Cortes Generales, si el texto no tiene valor jurídico?. Claro que lo tiene y aquí y ahora lo estamos viendo, porque sólo a partir de la afirmación de que Cataluña es una nación se explica la atribución a los ciudadanos catalanes de unos derechos específicos en esa senda que ya se nos advierte que acabará en la plena soberanía.

Señorías, el PP no va a secundar ningún baile de máscaras. Nos parece inconstitucional este Título. Eso, lo primero, pero, sobre todo, nos parece profundamente insolidario y segregador. No hace justicia a la calidad del orden constitucional español, ignora cuando no desprecia las cotas de libertad y los derechos asegurados por la Constitución de 1978, levanta una frontera invisible entre españoles que no augura nada bueno para la solidaridad y la igualdad y divide a los españoles.

Señores del PSOE, ayer decían que nuestra posición divide a los españoles. Esto sí que divide a los españoles, pero es que además lo hace por ley y además de manera difícilmente reversible al consagrarlo en un Estatuto de Autonomía. Pero es que además nada de lo que aparece en esta propuesta estatutaria es inocente, carece de relevancia o es meramente simbólico. Resulta que lo que no les gusta es meramente simbólico y como decíamos antes, no tiene efectos jurídicos. Léanse, por favor, el capítulo IV de este Título que hoy estamos discutiendo. Tiene como epígrafe el siguiente: garantías de los derechos estatutarios. ¿Hace falta prueba más evidente de que el Estatuto está estableciendo un régimen propio de derechos individuales y además un sistema para garantizarlo? ¿Cómo pueden decir sin rubor, como ayer escuchamos al portavoz de CiU, que no tiene efectos jurídicos cuando incluye ese propio Título un sistema institucional de protección, cuya finalidad es dotarles de plena eficacia jurídica con un armazón institucional propio?

Señorías, nuestro grupo está planteando cuestiones de principio: los mismos derechos para los mismos ciudadanos. Porque no nos engañemos, todo derecho reconocido en una ley acaba generando obligaciones para los poderes públicos. Estos derechos que llaman estatutarios son invocables ante las administraciones públicas, incluida la General del Estado y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, como explícitamente dice el Estatuto.

No es un simple reconocimiento simbólico, ni una muestra de legislación avanzada. Es una fractura de la ciudadanía española, tal y como la conocemos, lo que buscan algunos de los promotores de esta reforma, con la complicidad del PSOE. Dígase a los españoles que es una fractura de la ciudadanía. Que éstos juzguen a cada cual, pero dándoles la posibilidad de opinar y decidir a todos.

Además, señorías, este Título pretendidamente expansivo de los derechos y deberes de los catalanes encierra un sentido intervencionista impropio de una sociedad moderna. Baste leer el Capítulo V, dedicado a los principios rectores, que instaura un modelo de sociedad intervenida, y ya tenemos experiencia de que tales modelos ni garantizan más eficacia pública ni hacen más justas a las sociedades, al contrario, son un lastre para su prosperidad y su modernización. No son sociedades mejores, son sociedades peores las intervenidas, porque son sociedades menos libres. Frente al dirigismo que se nos ofrece y que se ofrece, un bien especial a los ciudadanos de Cataluña propio de la izquierda más radical que esta propuesta impone sobre la vida económica y social, cultural y hasta personal de los ciudadanos catalanes, el Grupo Popular defiende un marco que permita el máximo desarrollo de las libertades individuales.

El Estatuto quiere que el Gobierno de la Generalitat intervenga todo, controle todo, lo vea todo. Qué asfixia, señores, qué asfixia y qué error elevar a rango estatutario una ideología trasnochada, antigua y perjudicial. En su afán fiscalizador, la propuesta estatutaria del PSOE y sus socios llega al extremo de otorgar a los poderes públicos la facultad de determinar si una información que publica un medio de comunicación es o no veraz. Pero dónde se ha visto algo igual, señorías. En cualquier régimen democrático de libertades, esta función corresponde a los tribunales de justicia y sólo a los tribunales de justicia, y no a un organismo de carácter eminentemente político, cuya neutralidad no está asegurada sino al contrario. Están ofreciendo una sociedad intervenida hasta en la libertad de información, para controlar qué se dice y qué pueden escuchar los ciudadanos de Cataluña. No es ese Consejo Audiovisual Catalán, con poderes sancionadores, el régimen para garantizar la libertad de información. Por cierto, un instrumento que ha merecido la censura unánime de los principales organismos mundiales de defensa de la libertad de expresión.

Pero ésta no es la única regulación defectuosa. La regulación que se ha acordado sobre el deber de conocer y el derecho de utilizar el catalán y el castellano es inconstitucional, intervencionista e innecesaria. Este proyecto de Estatuto que estamos debatiendo no es más que un viaje a un pasado que se pretende revisar, aunque le cueste reconocerlo, muy en especial al PSOE.

Hemos denunciado que este Gobierno ha roto el consenso constitucional y el asunto que hoy debatimos es una prueba fehaciente. Sobre la lengua, ya se debatió en 1978 y los dos partidos mayoritarios adoptaron una postura que ahora se pretende cambiar torticeramente desde el PSOE. En los diarios de sesiones de esta Cámara, durante la redacción de la Constitución, está registrada la sesión de 16 de mayo de 1978 de esta misma Comisión. En dicha sesión, se presentó una propuesta por el grupo Minoría Catalana sobre el deber de conocer y el derecho a usar las lenguas oficiales en las respectivas CC.AA. Es decir, era una enmienda en los mismos términos en los que está redactado este proyecto de Estatuto. Esa enmienda fue rechazada por 30 votos en contra, dos a favor y dos abstenciones, lo que permitió redactar el artículo 3 de la Constitución en los términos que hoy conocemos.

Éstos son los hechos y, mal que les pese, no se pueden cambiar, a menos, claro está, que se cambie la Constitución y eso es exactamente lo que aquí se está representando, sin seguir el procedimiento previsto para ello, sin contar con el principal partido de la oposición y, lo que es más grave, sin mandato alguno de los españoles para poder hacerlo.

Es, por tanto, un debate que abordaron y cerraron los padres de la Constitución; una posición que además se ha visto refrendada en sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional. Simplemente, mencionaré dos que me parecen muy ilustrativas. En 1986, el Tribunal Constitucional afirmó “sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento”. No puede existir, por tanto, con la Constitución en la mano, un deber de conocer el catalán ni, por supuesto, extenderlo a la Administración del Estado en Cataluña, a la Justicia y a otros ámbitos estatales. Pero es que sobre esto también se pronunció el Tribunal Constitucional en 1997, en la que expresamente dice “en los ámbitos de competencia estatal, la competencia autonómica no puede imponer el uso de la lengua”. Por tanto, señorías, podrán ustedes imponer su mayoría coyuntural, pero nunca, nunca van a tener ni la razón jurídica, ni la política, ni la moral.

El catalán es uno de los grandes tesoros de esta nación rica y plural que es España. Es una lengua centenaria, que no ha necesitado nunca de imposiciones para que los ciudadanos la empleen con naturalidad. La lengua es un instrumento de comunicación y de convivencia, y eso debería seguir siendo.

Pero para el nacionalismo, es el mayor instrumento de construcción nacional de un proyecto cuyo último objetivo es la plena soberanía. Sí, un instrumento para la construcción de un país imaginario, de una realidad virtual, en la que no caben ciudadanos libres; un instrumento para uniformar a los ciudadanos y marcar al que no comparte los delirios identitarios, porque este proyecto de Estatuto está trufado de eso, de desconfianza, de desconfianza hacia los ciudadanos, a los que se pretende dirigir, imponer y ordenar.

Señorías, la realidad de Cataluña no es la que refleja este Estatuto. Cito datos del propio Instituto de Estadística de la Generalitat de Cataluña. La primera lengua de los catalanes es el castellano. Ya sé que ayer se repitió aquí, hasta la saciedad, lo contrario. El 53,5% de los catalanes, según este instituto oficial, considera que el castellano es su primera lengua. Esa realidad es la que permanentemente se empeñan en negar los nacionalistas, la realidad mayoritaria del castellano en Cataluña. Es más, este Estatuto rechaza no sólo esa realidad mayoritaria, sino también la realidad plural de Cataluña y el deseo de convivencia pacífica, sin imposiciones de ningún tipo entre el catalán y el castellano.

Los políticos no están para decidir por los ciudadanos en qué lengua tienen que comunicar sus sentimientos, sus deseos, sus ideas, sus planes, sus investigaciones científicas o en qué lengua tienen que estudiar sus hijos. ¿Por qué no les dejan elegir? Tampoco están, ni mucho menos, por hacer de la lengua un muro de segregación y división. No están, señorías, los políticos para imponer comisarios lingüísticos que persigan a los profesionales y a las empresas. No están para promover un sistema de delación de los profesores que no hablan catalán. No están para encargar investigaciones lingüísticas en historiales médicos confidenciales. Los políticos estamos para facilitar la vida de los ciudadanos, para hacerla más sencilla, para mejorar la convivencia. Los políticos estamos para respetar su vida, no para llenarla de sospechas. La intromisión que ejerce este Estatuto en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos es una aberración impresentable.

Éste es el Estatuto de una Cataluña imaginaria y que se pretende construir por encima de los propios catalanes. La realidad de Cataluña es una realidad bilingüe, pacífica y en la que no hay más problemas que los que crean los responsables políticos que no asumen esa realidad. Los catalanes aceptan con naturalidad hablar y vivir en libertad. Y esto es lo que ustedes no quieren entender y se empeñan en invadir y transgredir.

Me refiero finalmente, señor presidente. En otro orden de cosas de la propuesta que hoy debatimos, que ésta sí es finalmente aprobada será una fuente de controversias, sobre aspectos muy sensibles para amplios sectores sociales, tales como son el aborto, la eutanasia, la laicidad en la educación.

Señores de CiU, este Estatuto está diseñando un modelo de sociedad contrario a principios y valores que hasta ahora ustedes decían defender y, desde luego, contrario a las convicciones de muchos catalanes en temas fundamentales, como son la familia, la libertad de educación o el derecho a la vida. Explíquenles lo que están aprobando y no vale decir se recogen estos derechos y deberes, pero en la práctica es como si no estuviesen. No vale pedir a la sociedad que mire para otro lado. No vale afirmar, como se ha hecho, como ayer hizo el señor Mas, que un texto jurídico no tiene consecuencias jurídicas. Porque esos derechos sí pueden ser exigidos ante los tribunales y porque incluso se crea un órgano, un consejo para garantizar su eficacia y cumplimiento, como antes demostramos.

Señores de CiU, han tragado, sí, han tragado. Han aceptado un Estatuto que impone un modelo de sociedad muy concreto en Cataluña y esa será su responsabilidad si no lo cambian, que aún están a tiempo. Esto –y ustedes lo saben y saben que tengo razón- no tenía que estar en el Estatuto, porque todas las convicciones ideológicas y morales son defendibles, pero no pueden imponerse en una norma con rango estatutario y destinada a ser el marco para la convivencia en una sociedad plural.

En otros casos, señorías, estamos ante un ejercicio de puro voluntarismo legislativo, como el que prescribe nada menos que el derecho a gozar del paisaje y, dice, en condiciones de igualdad. ¿Alguien quiere explicarnos hasta dónde llega este derecho, señorías? ¿A quién se reclama? ¿Y qué pasa si ese paisaje incluye un trozo de Aragón o de Francia, alguien nos quiere explicar cómo va a garantizar ese disfrute en condiciones de igualdad?

Señorías, no nos engañemos. Lo que nos trae el PSOE y los nacionalistas en este Estatuto es crear una nación. El Título Primero otorga a los ciudadanos de esa nación que se crea una serie de derechos y deberes diferenciados distintos de los del resto de los españoles y diseña un tipo de sociedad profundamente intervenida por los poderes públicos que recorta las libertades individuales, la iniciativa privada y el pluralismo. Por todo ello, el Grupo Popular reitera su posición de que lo procedente es la supresión de este Título, por coherencia con el contenido que la Constitución fija para los Estatutos de Autonomía, por respeto al principio de igualdad entre todos los españoles ante la ley, por rechazo a un intervencionismo desmesurado y asfixiante y por defensa de un bilingüismo que ensanche y no estreche, que amplíe y no reduzca las oportunidades de los ciudadanos catalanes de desarrollarse en plena libertad.

Gracias.