El fiscal pide 7 años para Vera y dice que los "fondos reservados no son para pagar asesinatos y secuestros"
La Fiscalía ha reiterado su petición de 7 años de prisión para el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera y dijo que "los fondos reservados se destinan sólo para defensa y seguridad del Estado, no para pagar a personas que hayan cometido asesinatos frustrados y secuestro". En el juicio, por el llamado "caso maletines", el fiscal sostuvo en su informe de conclusiones definitivas que Vera, su ex secretario Juan de Justo, el coronel de la Guardia Civil Félix Hernando y el policía Aníbal Machín cometieron un delito agravado y continuado de malversación de caudales públicos.
L D (EFE) Todos ellos están acusados de haber pagado con fondos reservados a las mujeres de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez para que mantuvieran silencio sobre el "caso GAL".
El fiscal matizó que, si bien De Justo y Hernando no pueden ser acusados como autores en sentido estricto, sí deben ser considerados cómplices del delito de malversación, y explicó que aunque el primero no tenía a su cargo los fondos por sus funciones, sí había sido autorizado por Vera.
La Fiscalía acusa además a Amedo y Domínguez y a sus respectivas esposas, María Ángeles Acedo y Alicia Sánchez Carrión como responsables civiles.
Según el informe del fiscal, De Justo se ocupó de entregar sobres con dinero de los fondos reservados a Acedo y Sánchez Carrión y dichas cantidades se destinaron a dos cuentas en Suiza y se utilizaron para pagar varias operaciones quirúrgicas a ambas mujeres.
Además de los 7 años de prisión para Vera, la Fiscalía pide 4 años de cárcel para De Justo y 2 para Hernando.
Por su parte, la representante de la acusación popular afirmó durante su exposición que se había utilizado dinero de caudales públicos para el secuestro de Segundo Marey y para el propio beneficio y provecho de los procesados, y pidió además que se aclarara el "caso GAL". Esta acusación solicita 8 años de prisión para Vera, 6 para De Justo y 2 para Hernando.
En 1998 el Supremo condenó a Vera a diez años de prisión por el secuestro de Segundo Marey y en 2004 confirmó la pena de siete años que le impuso la Audiencia de Madrid en 2002 por el uso irregular de fondos reservados.
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