L D (Agencias) Según ha explicado Eduardo Zaplana, el Gobierno ha decidido que sea el nuevo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el que responda a las dos cuestiones a las que ha renunciado Alonso, pese a que ambas versan sobre "afirmaciones" del titular de Defensa "que han quedado posteriormente desacreditadas por completo".
La primera de estas cuestiones tiene como objetivo conocer si el ministro de Defensa sigue manteniendo que en la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en enero de 2005 "se agredió" a su predecesor en el cargo, José Bono. Con la segunda el PP pretende saber por qué Alonso "faltó a la verdad en el Parlamento al afirmar que 'es falso que hubiera habido tres instructores de las diligencias' abiertas en relación con la inexistente agresión al anterior ministro de Defensa". Zaplana reconoce en su escrito que, en aras de los usos y la cortesía parlamentaria es "lógico" que el Ejecutivo "pueda decidir de que una determinada pregunta oral será contestada por un miembro del Gobierno distinto a aquel a quien se dirigía" y que, de hecho, "así se ha admitido pacíficamente en la práctica".
Sin embargo, recuerda que esa facultad de modificar el miembro del Gobierno que responde a las preguntas tiene que "tener un límite" y "no puede ser ejercida de forma arbitraria" porque, aunque el Gobierno es un órgano colegiado, "debe respetarse el principio de control individual a los miembros del Gobierno" a que apunta el artículo 11 de la Constitución. "No resulta admisible, por ejemplo, que una pregunta respecto a unas declaraciones realizadas por un determinado miembro del Gobierno o respecto a una actuación que sólo le es imputable individualmente a él sea contestada por otro miembro del Gobierno", añade.