L D (Europa Press) Tras las declaraciones de Ibarra, el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro preguntó al Gobierno en el Congreso por qué no se había ordenado al fiscal general del Estado que solicitase deposición de testimonio del presidente de la Junta de Extremadura, advirtiendo además que "la no puesta a disposición de la Justicia de la información que tuviere (Ibarra) podría suponer que también éste hubiese incurrido en determinado tipo penal".
El Gobierno responde ahora, dos meses después, en un escrito parlamentario al que tuvo acceso Europa Press, que su política es no instar al fiscal general del Estado a actuaciones específicas sobre casos concretos. "El Gobierno marca la política del Estado y, en el ejercicio de esta función, puede remitir al fiscal general instrucciones genéricas de actuación, pero cualquier instrucción para realizar actuaciones procesales determinadas, en supuestos concretos, supondría una injerencia inadmisible", subraya.
Así las cosas, y en el caso de las polémicas declaraciones de Ibarra, el Ejecutivo señala que ha actuado "de forma consecuente" con esta política, "tratando de evitar cualquier posible injerencia en la actuación de la Fiscalía".
El pasado mes de noviembre, en medio de la polémica por la petición de indulto para Rafael Vera, ex secretario de Estado condenado por el caso de los fondos reservados, Ibarra afirmó que "es posible que a lo mejor sepa algo sobre la autoría de los crímenes del GAL" por los que se acusó en su día a Vera y agregó que no había dicho nada antes porque "nadie" le había preguntado.