Un total de 17.000 folios de la trama madrileña del caso Gürtel están a partir de hoy liberados del secreto de sumario. Este martes el magistrado que instruye el caso en Madrid, Antonio Pedreira, ha levantado el secreto parcial sobre las actuaciones que investiga la supuesta trama de corrupción en torno al PP.
En el auto de levantamiento del secreto, Pedreira comunica que hay un total de 71 personas imputadas en la rama madrileña del Gürtel, entre ellas la mujer del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En el auto dictado este martes, el juez dispone que se entregue a los interesados, a las partes personadas y a sus representantes legítimos una copia en dvd de toda la documentación relativa al expediente tramitado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, sin perjuicio del levantamiento parcial en fases sucesivas del secreto concerniente al resto del sumario. Se trata de 20 tomos del sumario principal, un tercio del total de la investigación: catorce tomos de documentación, tres tomos de medidas cautelares, tres de entradas y registros, uno de administración judicial, uno de comunicación de intervenciones, uno de recusaciones y uno de filtraciones.
Para hacerle entrega del sumario, están citados los próximos días 6, 7 y 8 de octubre, además de los interesados y el Ministerio Fiscal, las acusaciones populares y/o particulares integradas por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), así como el Partido Popular y los concejales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte Pablo Nieto Gutiérrez, Fermín Iñigo Contrero, Yolanda Estrada Pérez y Josefa-Irene González Canoura. En calidad de perjudicados recogerán el dvd el abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y el letrado de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Dos tercios del sumario, continúa bajo secreto
En la resolución judicial, Pedreira justifica las sucesivas prórrogas llevadas a cabo en el secreto sumarial desde que tomó el relevo de la causa de Garzón frente a las críticas del PP. Enfatiza el juez en que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite al magistrado acordar las sucesivas prórrogas "para hacer efectiva plenamente la protección del valor constitucional que justifica el secreto sumarial". No obstante, el instructor del caso Gürtel en Madrid explica "las circunstancias que aconsejaron declarar el secreto de las actuaciones han variado".
Dado que el levantamiento del sumario del caso es parcial, se mantienen ocultas la práctica del resto de las actuaciones ya que se dan los "requisitos jurisprudenciales" para evitar hechos tales como "la ocultación de pruebas, de documentación relacionada con las actuaciones, de contactos con terceros posiblemente implicados en la trama investigada y otras semejantes".
Según el juez, el alzamiento total del secreto en este momento procesal "puede dar ocasión a interferencias o manipulación dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos, poniendo en peligro la protección del valor constitucional de la Justicia".
Además, Pedreira explica en el auto que dentro de estas actuaciones figuran las diligencias relativas a las numerosas comisiones rogatorias internacionales dictadas, "existiendo una estrecha relación entre las mismas y el resto de las diligencias de prueba".
Por tanto, la decisión del juez no alcanza el contenido de las comisiones rogatorias dictadas a diferentes países, entre ellos Suiza, Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá, que siguen sujetas al secreto sumarial. Dichas comisiones tienen como objetivo averiguar el destino del dinero supuestamente desviado por la trama Gürtel a diferentes paraísos fiscales.
"Personas ajenas a la causa"
Además, el instructor explica en la resolución judicial de 10 folios de extensión que entre "la documentación intervenida existen documentos que aportan datos relativos a personas físicas ajenas a la presente causa, y que de hacer públicos se podría vulnerar el Derecho a la intimidad de las mismas y dicho Derecho Fundamental debe ser preservado".
El levantamiento del secreto sumarial corresponde a un tercio de las diligencias de la causa, es decir, cerca de 17.000 folios, según fuentes jurídicas. La mayoría se refiere a la instrucción inicial que dirigió el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien el pasado 5 de marzo se inhibió de la causa a favor del TSJM y el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana al estar implicados aforados de estas comunidades autónomas.
Por su parte, funtes del TSJM indicaron que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento de siete de los imputados en el procedimiento, cuya identidad se desconoce.
La mujer de Bárcenas, imputada
En total hay 71 imputados, entre ellos Rosalia Iglesias Villar, la mujer de Bárcenas y los principales cabecillas de la trama, como Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez y Álvaro Pérez Alonso, responsable de Orange Market, todos ellos en prisión.
También figuran en la lista de imputados que deberán recoger el secreto del sumario los ex concejales del PP de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno, quienes iniciaron el procedimiento con la interposición de una denuncia. También aparece como imputado José Tomás García, el falso sastre del presidente de la Generalidad valenciana, Francisco Camps.
En la lista de imputados aparecen las principales empresas de la trama intervenidas por la Justicia; Easy Concept Comunicacion y Good & Better. Además, figura la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Comunidad de Madrid.
Entre otros, están en la lista el diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, el parlamentario autonómico Alfonso Bosch, el diputado autonómico y ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, el ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, el ex concejal del PP en Estepona, Ricardo Galeote, el ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López Rodríguez y el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda.
El Tribunal de Madrid atribuye a los tres primeros la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa. Durante sus comparecencias, los parlamentarios regionales se negaron a declarar hasta que se levantara el secreto sumarial.