L D (Europa Press) El citado informe hace un análisis de lo que supone, en la práctica, el sistema de "libre solidaridad" que recoge el texto del Estatuto catalán que será remitido al Congreso de los Diputados.
Según el estudio realizado por los técnicos populares, por la forma en la que está definida la relación de Cataluña con España y el articulado del texto, el Estatuto atribuye a la Generalidad competencias exclusivas sobre los asuntos que afectan a los catalanes y se reserva la potestad de codecidir con España sobre los asuntos que afectan a los españoles.
De esta forma establece una "relación bilateral en condiciones casi de igualdad. Se podría decir una relación "de tú a tú", según explican las fuentes conocedoras del informe, quienes precisan que lo que plantea es una relación "de Estado a nación con dimensión de Estado".
El Gobierno tendrá con contar con el visto bueno de la Generalidad
En el análisis del articulado, el informe establece tres tipos de funcionamiento que apoyan estas conclusiones. En primer lugar y con relación a las competencias del Estado dentro de Cataluña el Estatuto establece en la práctica que las decisiones que se adopten siempre tendrán que contar con el permiso de la Generalidad, es decir, que antes de actuar debe haber un informe "determinante" del gobierno catalán.
Esto puede afectar, según explica el informe de los populares, a los trazados de carreteras y ferrocarriles de titularidad estatal, los trasvases de agua en cuencas superiores a Cataluña, en la adquisición de bienes de interés cultural, en la autorización de instalaciones de producción y distribución de energía eléctrica o a la declaración de espacios nacionales de protección estatal, entre otros asuntos.
En segundo término, la Generalidad se adjudica la capacidad de codecidir con el Estado, mediante una Comisión bilateral o la participación en órganos del Estado, sobre cuestiones que son de competencia estatal como la inmigración, la ordenación básica de la Sanidad o el fomento de la Economía.
Además, y en tercer lugar, el texto del nuevo Estatuto reserva al gobierno catalán el derecho a nombrar un representante de esta comunidad autónoma en determinados órganos estatales como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía o el Banco de España, entre otros.