Desde que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, denunciara, a principios del mes de agosto, las sospechas de que había teléfonos de dirigentes del PP que estaban pinchados, los populares están estudiando qué medidas judiciales adoptar, según han informado fuentes de la dirección del PP.
Rajoy, tras respaldar la denuncia de la dirigente popular, indicó que ya han emprendido algunas acciones judiciales y que "no renuncian a nada", pero no quiso desvelar qué otro tipo de actuaciones podrían llevar a cabo en el ámbito judicial. Las acusaciones hechas en los últimos días, al margen del espectáculo de los implicados en el caso Palma Arena expuestos con grilletes ante las cámaras, le están generando muy duras críticas al PP, al que se le piden nombres o decisiones tras hacer pública su denuncia.
Las fuentes explicaron que, entre las posibilidades que están estudiando está recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Entre otros argumentos, alegan que las filtraciones de sumarios, las detenciones televisadas o el espionaje a sus militantes está provocando que haya "juicios paralelos" en los medios de comunicación y que los imputados aparezcan como culpables ante la opinión pública antes de que se pronuncie un tribunal. González Pons ya avanzó que también podrían acudir a otra instancia europea, la Eurocámara, para denunciar el espionaje y la "actitud" del Gobierno.
El ejemplo que esgrime el PP
El PP argumenta que precisamente sobre el asunto de los "juicios paralelos" ya se ha pronunciado en alguna ocasión el citado Tribunal Europeo. Y recuerdan que en una de esas ocasiones la Corte advirtió del peligro que supondría que la sociedad "se habituara al espectáculo de los pseudo-juicios en los medios de comunicación", ya que a largo plazo, esto podría traer "consecuencias nefastas para el reconocimiento de los tribunales como los órganos capacitados para determinar la culpabilidad o inocencia" de un acusado en un proceso penal.
Así lo expondría, dicen, el caso Sunday Times contra Reino Unido en 1979 y más recientemente la sentencia del caso Worm contra Austria del 29 de agosto de 1997, en la que Estrasburgo avaló el dictamen del Tribunal de Apelación austriaco, que condenó al periodista Alfred Worm a una multa por "influencia abusiva en un procedimiento penal".
Worm expuso en un artículo de prensa juicios de valor negativos sobre las respuestas dadas por un acusado (un ex ministro de Finanzas inculpado por fraude fiscal) en el curso de un interrogatorio practicado por un juez con el fin de argumentar que la "única hipótesis posible" era su culpabilidad, unos meses antes de que se conociera la sentencia.
"No tenemos por qué decir nombres"
Mientras, el PP continúa denunciando la persecución que a su juicio sufre su partido pero sin aportar más detalles que lo publicado en los medios. Según María Dolores de Cospedal, que ha hablado en la Cadena COPE, no tienen "por qué decir nombres". "Ya hemos dicho lo que teníamos que decir, muchas personas, del PP y del PSOE, saben que son verdad estas denuncias", ha apuntado.
Según la secretaria general del PP, la primera en hablar de espionaje en el seno de su partido, desde su formación se han "manifestado con claridad" y "ahora lo que tienen que actuar los tribunales".