Que el Gobierno Tripartito dificultase el acceso a los informes de la Generalidad al resto de grupos parlamentarios, ahora cobra sentido. Y es que auditando exclusivamente el año 2007 se ha evidenciado el despilfarro y las intrigas que desde hace años el Gobierno catalán se encarga de ocultar.
El diputado de CIU Jordi Terell, denunció en la comisión del Parlamento que la Generalidad "gastó 27.000 euros del Departamento de la Presidencia por un informe consistente en ver qué articulistas y periodistas de los principales diarios del país revelan mayor o menor afinidad al Tripartito", recoge e- Noticies.
Las notas no dejan lugar a dudas, pues los informes contaban, como dijo Terell: "con comentarios del estilo - leo literal: 'El periodista X - no digo el nombre por respeto - hace una valoración positiva de los primeros pasos del govern, si bien al principio se mostraba escéptico, parece que poco a poco la manera del presidente a Montilla lo va convenciendo, pero lo expresa con prudencia'".
"O por ejemplo -ha continuado Terell- de otro dice 'menos moderado y más radical se muestra el escritor TAL, para él el Tripartito es la solución fácil'. "Y así sobre muchos articulistas de los diarios, con comentarios muchos digamos entre jugosos, ridículos y preocupantes así como también valoraciones de los propios diarios sobre su mayor o menor afinidad en el Tripartito". Castells no ha desmentido las afirmaciones del diputado de CiU.
Pero no es el único escándalo que ha provocado la auditoría de los archivos del Gobierno catalán. Ya que, según informa ABC el 16% de los estudios encargados a dedo por el tripartito en 2007 presenta irregularidades relacionadas con el precio, la utilidad o la adjudicación a personal externo al gobierno.
Así lo revela el informe que el Interventor General de la Generalidad ha realizado en base a la auditoría que el Gobierno catalán encomendó, después de que ABC destapara que algunos de esos trabajos no estaban justificados o habían sido asignados a personas afines a PSC, ERC e ICV. El caso está en manos de la Fiscalía.