Mikel Buesa calcula que la tasa de paro en un País Vasco independiente alcanzaría el 33 por ciento
El catedrático de Economía Aplicada Mikel Buesa ha detallado, en una conferencia celebrada en la Universidad San Pablo-CEU, lo que el "Plan Ibarretxe" ofrece a los vascos desde el punto de vista económico. De momento, la independencia supondría un paro de hasta el 33 por ciento y "una administración que sólo podría financiarse aumentando drásticamente los impuestos y cotizaciones sociales".
Mikel Buesa, miembro del Foro de Ermua y hermano del ex diputado general de Álava, Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000, explicó en primer lugar que la salida del País Vasco de la UE supondría la reaparición de las fronteras. Eso llevaría aparejado un incremento de costes en las relaciones comerciales con el resto de España y Europa, y consecuentemente menos ventas y menos actividad económica. Además, muchas empresas –una cuarta parte de las de más de 50 empleados se lo plantean ya según un estudio del propio Buesa– podrían abandonar ese territorio.
El efecto conjunto de las fronteras y la deslocalización de empresas oscilan entre el 14 y el 23 por ciento del PIB vasco y la destrucción de entre 128.000 y 214.000 empleos, lo que elevaría la tasa de paro hasta cotas de entre el 20 y el 33 por ciento, según las estimaciones de Buesa. Una segunda gran consecuencia de la independencia sería la necesidad de construir un Estado que mantuviera las prestaciones sociales actuales.
Un déficit del 10 por ciento de su PIB
Añadió que parte de ese déficit correspondería a la Seguridad Social y apuntó que éste puede suponer para el País Vasco en el año 2010 un déficit de otros 500 millones de euros. En esa situación, añadió el catedrático de Economía Aplicada, un País Vasco independiente "sería incapaz de pagar las pensiones" de los 440.000 pensionistas que en la actualidad viven en esa comunidad autónoma.
Respecto a la actitud de los agentes sociales vascos ante la situación que crearía una hipotética independencia, Buesa señaló que los sindicatos UGT y CCOO ya se han posicionado claramente en contra del Plan Ibarretxe, mientras que en el caso de los empresarios "quizá haya aún una reacción tímida excepto en los de Álava". Señaló, no obstante, que "los empresarios votan con los pies, es decir, se van", y eso está ocurriendo ya en un colectivo que "aunque no haga manifestaciones públicas y notorias" vive la situación con "mucho desconcierto y descontento".
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