(Libertad Digital) El PP quiere aclarar y exigir responsabilidades de todo lo ocurrido el pasado miércoles tras el ataque a la cadena COPE perpetrado por las Juventudes de ERC y tutelado por dos diputados de ese grupo, Joan Tardá y Joan Puig.
En concreto, el Grupo Popular ha presentado un escrito, dirigido a la Mesa del Congreso, en la que se solicita que se examine la actuación de esos dos diputados, ya que considera que la misma “daña gravísimamente la imagen de esta Cámara” y recuerda además, que uno de esos diputados, Joan Puig, es “reincidente en este tipo de conductas”, en referencia al asalto a la piscina de Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo.
En el escrito, se solicita a la Mesa que se de traslado a la Comisión del Estatuto de los Diputados para que la misma, previo examen de lo acontecido, “adopte las medidas oportunas a los efectos de restituir la dignidad de la Cámara y de sus miembros”.
Mientras se firmaba el Manifiesto
Otra vertiente de la iniciativa del PP consiste en una Proposición no de Ley –para su debate en Pleno, no en comisión– en la que se pide que al Congreso de los Diputados "su más rotunda condena" al asalto contra la COPE. Añade el PP que el suceso pudo haber derivado en incidentes “muy graves, con serio peligro para la seguridad de las personas, dado que el asalto se produjo en un momento en el que acudían a la sede de la COPE numerosos ciudadanos para firmar un manifiesto de apoyo a la emisora”.
“Este acto de coacción, cuya finalidad última es la de atentar contra la libertad de expresión y de información de un medio de comunicación, estaba detalladamente preparado con antelación”, destacan los populares en ambos escritos.
También habrá batería de preguntas escritas al Gobierno. Por ejemplo, si estaba autorizado oficialmente el acto de intimidación; si considera el Ministerio del Interior que fueron suficientes para garantizar la seguridad de las personas los efectivos policiales desplegados ante la sede de la COPE durante los citados hechos y si tiene previsto el Gobierno garantizar la seguridad de los trabajadores de la COPE con una presencia policial en sus sedes, “ante los ataques y amenazas recibidos”.
Preguntarán también al Gobierno si reconoce que el Derecho a la Libertad de Expresión se trata de un Derecho Fundamental reconocido por la Constitución y protegido por la Ley, así como si el Gobierno considera que la acción de encadenarse en la sede de la COPE se trata de un acto de fuerza dirigido contra esta emisora que constriñe su derecho a informar libremente.