
L D (Europa Press) En el auto dictado por el juez Central de Instrucción número 1, éste subraya que las alegaciones de las asociaciones "son meras conjeturas, frente a los informes policiales en los que se concluye que no se evidencian signos objetivos de vinculación" de la manifestación con Batasuna-ETA.
Asimismo, recuerda que la manifestación ya se ha celebrado, "por lo que una eventual estimación" de su recurso "devendría inoperante". Por ello, el magistrado se remite a la propia argumentación que desarrolló en el auto que dictó el pasado jueves, en el que autorizaba la marcha proetarra.
Entonces, el magistrado desestimó la petición de prohibir la concentración, al entender que "no hay vínculos objetivos entre la convocatoria de la manifestación y Batasuna", a pesar de que siete de los 38 convocantes de ésta fueron miembros en el pasado de listas ilegalizadas del entorno de Batasuna-ETA, concretamente de Euskal Herritarrok y Herria Aurrera.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se posicionó en el mismo sentido que el juez Pedraz y le remitió un informe en el que sostenía que no existían motivos para prohibir la manifestación. Asimismo, el pasado viernes se pronunció en contra del recurso de reforma interpuesto por Dignidad y Justicia y por la AVT.
Finalmente, el pasado viernes la marcha se celebró por las calles de la capital vizcaína bajo el lema "Euskal Herriak Autodeterminazioa", y a ella asistieron los dirigentes de Batasuna Joseba Permach, Pernando Barrena y Jone Goirizelaia.
"Dignidad y Justicia", contra Pedraz
Daniel Portero, responsable de la asociación Dignidad y Justicia, anunció el pasado sábado en Bilbao que emprenderá acciones legales contra el juez Santiago Pedraz por prevaricación, negligencia u omisión del deber de perseguir delitos por dejación de funciones, si el magistrado no estimaba su recurso de reforma contra la autorización de la manifestación de la izquierda 'abertzale'.
Daniel Portero, hijo del ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado por ETA en octubre de 2000, también acusó a los agentes de la Policía Nacional que realizaron el informe sobre la manifestación de "connivencia" y aseguró que solicitará que se personen ante la Audiencia Nacional para que aclaren el contenido del documento.
"Nos encontramos ante una situación en la que el juez Pedraz, por desidia o negligencia, no toma una serie de medidas y donde entendemos que existe una cadena, que favorece que se puedan celebrar este tipo de manifestaciones", declaró Portero. Por ello, anunció que si el juez no estimaba su recurso de reforma, emprenderá acciones judiciales contra Pedraz por prevaricación, negligencia u omisión del deber de perseguir determinados delitos por dejación de funciones.
