(Libertad Digital) La edición de El País de este viernes llama la atención. En portada y a cuatro columnas publica una noticia titulada: "Víctimas del 11-M piden la condena del Estado como responsable civil directo". Sin embargo, en el texto se especifica que sólo son dos las víctimas que lo solicitan. Será su abogado, Gonzalo Boyé quien planteará al tribunal que juzga los atentados que el Estado sea condenado como responsable civil directo "por su falta de vigilancia o culpa in vigilando".
No es la primera vez que la actuación de este letrado sobresale en el juicio. Ya pidió la recusación de uno de los peritos que participó en el último informe pericial sobre los explosivos utilizados en el 11-M por ser de la AVT. Sin embargo, el tribunal rechazó la recusación por "inadmisible, extemporánea y carente de legitimación".
Gonzalo Boyé es un ex miembro del MIR que estuvo diez años en la cárcel en España por participar en el secuestro de Emiliano Revilla en 1989, es decir, por colaborar con ETA. También es habitual su participación como letrado en procesos que afectan a la denominada izquierda abertzale. Así lo constataría su presencia en la Audiencia Nacional junto a Arnaldo Otegi cuando, tras declarar ante el juez Fernando Grande Marlaska, el batasuno acabó en prisión. Según publicaba El Mundo, Gonzalo Boye mantiene relaciones profesionales con algunos de los letrados que trabajaban para la Asociación de Afectados por el 11-M, asociación dirigida por Pilar Manjón. Según explicaron fuentes de esta asociación de víctimas, el contacto entre este letrado y algunos de los que dirigen la acusación ante la Audiencia Nacional es constante y fluida.
Tanto en El País como en La SER se apuntaba además la posibilidad de que la Asociación de Manjón, 11-M Afectados de Terrorismo emprendiera las mismas acciones legales. Sin embargo, ésta ha rechazo de momento esta posibilidad. También la ha rechazado la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.
Ambas asociaciones mantienen su solicitud de que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Estado si los procesados no puedan hacer frente a las indemnizaciones que se les imponga en el caso de que sean condenados por su implicación en la masacre de Madrid, tal y como recogen las conclusiones provisionales que presentaron antes del comienzo de la vista oral. El abogado José María de Pablo, que representa a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, descartó a Europa Press que esta acusación solicite la responsabilidad civil directa del Estado. De Pablo tachó de "jurídicamente insostenible" la petición de Boyé
Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) no se plantea por el momento ningún tipo de responsabilidad del Estado en los hechos juzgados, al entender que todavía es "muy pronto" para decidir esta cuestión, según informaron a Europa Press fuentes de la asociación.