Fin del modelo

Desde el año pasado, en medio de la campaña electoral, y con renovado brío en la actualidad, distintos analistas, políticos e intelectuales plantean la necesidad de “cambiar el modelo económico” actual. No existen muchas precisiones acerca de qué otro modelo debería reemplazarlo, pero en todos los casos se da a entender que resulta claro cuál es el modelo a reemplazar.

Existe un claro error en el diagnóstico respecto al “modelo” a ser reemplazado y, por ende, habrá de esperarse el mismo resultado respecto a las propuestas que se deriven de ese análisis. Ya que en general, el “modelo” que se plantea cambiar suele ser el régimen de convertibilidad, o la relativa apertura de la economía, o las privatizaciones.

Sin embargo, el “modelo” que está colapsando ante nuestros ojos, y el que mantiene maniatada la actividad productiva en la Argentina, es el del estado intervencionista y prebendario, el de los privilegios de la “clase política”, el de las jubilaciones de privilegio, el del reparto de subsidios, protecciones, pensiones graciables, el de embajadas en los países más extraños, el de las delegaciones oficiales fastuosas y el de numerosos organismos públicos sin sentido.

Durante muchos años, el estado argentino financió ese comportamiento mediante una combinación de impuestos, deuda y emisión monetaria. Hemos sido testigos en los últimos años del cierre de cada una de esas fuentes de financiamiento; hoy lo que sucede en la Argentina es que el estado se encuentra quebrado, sin forma de cubrir su dispendio.

El primero de ellos en cerrarse fue el endeudamiento en el exterior, a partir de que el entonces presidente Alfonsín llevara a la Argentina a la suspensión de pagos en 1988 y, por consiguiente, al cierre de esa fuente de fondos. Cerrada la posibilidad del endeudamiento externo, el gobierno continuó y profundizó el abuso del mecanismo de la emisión monetaria. Esto terminó destruyendo el poder adquisitivo de la moneda, fomentando la creciente dolarización de facto de la economía y la huída de capitales hacia el exterior.

Con posterioridad, ya durante la presidencia de Carlos Menem a fines de 1989, el que se llamara “Plan Bonex” y que resultara en la expropiación de los depósitos bancarios de los ahorradores argentinos, ocasionó el cierre del mercado interno de deuda. Luego de lo que entonces se llamara el “festival de bonos”, el gobierno argentino no podía ya colocar deuda local. Una nueva huida de la moneda argentina determinó el final de la “política monetaria”, decretado con la llegada de la convertibilidad.

Quedaban entonces como medios de financiamiento el incremento de los impuestos y de la recaudación impositiva y, curiosamente, de nuevo el endeudamiento externo. Y es que la convertibilidad, al brindar credibilidad sobre el tipo de cambio, permitió el regreso de la Argentina al financiamiento externo, ahora en la forma de colocación de bonos en los mercados de capitales del mundo, en lugar de los préstamos sindicados de los bancos como antes. Poco a poco, el gobierno se atrevió también a volver al mercado local. Así la colocación de bonos en el mercado interno fue creciendo, lenta, pero continuamente.

Los impuestos aumentaron y la recaudación impositiva también, sobre todo por el crecimiento de la economía. Pero pronto se alcanzó un techo, impuesto por la voluntad de los argentinos a pagar sus obligaciones fiscales. Hubo endurecimiento de las sanciones penales, amenazas, castigos ejemplares, modernización de la informática del organismo recaudador, y distintos directores, pero nada de ello pudo vencer al techo fijado por una evasión impositiva que ronda el 40% de la recaudación potencial de los principales tributos. Este techo es tan real que el último “impuestazo” terminó planchando la economía y nadie hoy se atreve a sugerir que los impuestos deban, o puedan, ser aumentados.

Con ese techo en plena vigencia y sin la posibilidad de emitir moneda quedaban el endeudamiento externo e interno. Los fenómenos de las últimas semanas muestran que el primero está a punto de agotarse y el segundo demanda tasas tan altas que hacen dudar seriamente sobre el riesgo de tales inversiones. Es decir, el último recurso se cierra también.

Esa es la circunstancia de la Argentina actual. Somos testigos de la quiebra de su estado y de los esfuerzos de sus habitantes para evitar que ella traiga consigo la propia. Todo debate acerca del “modelo” que resulta necesario cambiar tiene que responder a la pregunta de cómo “levantar esta quiebra” con las limitaciones existentes en materia de recursos fiscales antes mencionadas.

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Martín Krause es corresponsal en Buenos Aires de la agencia de prensa AIPE.