Guadalajara
Día a día surge nueva información sobre el liderazgo y adoctrinamiento de religiosos comunistas a los rebeldes chiapanecos y el predominio de sacerdotes en los altos mandos del EZLN.
No es fortuito que los principales “comandantes” zapatistas tengan nombres bíblicos, ya que eso obedece a una estrategia en su lucha. Y desde “Marcos” hasta “Zebedeo”, de acuerdo al catecismo impartido por los jesuitas, cada uno representa un grado de autoridad. Los indígenas chiapanecos recibieron adoctrinamiento subversivo, por parte de teólogos de la liberación, según una falaz interpretación del Evangelio de San Marcos.
De 1972 a 1974 se tradujo al tzetzal el “Libro del Éxodo” y se discutió en las comunidades sobre tres temas centrales: libertad, fe y esperanza. Inicialmente, los misioneros jesuitas hacían la síntesis y en esos trabajos participaban Pablo Iribaren, párroco de la Iglesia de San Jacinto, en Ococingo y Jesús Gómez, autoridad indígena del ejido La Sultana. Su prédica hablaba de que Jesucristo vino al mundo a acabar con la injusticia existente en los sistemas opresivos y explotadores de los pobres, que deberían ser destruidos, por lo que el buen cristiano debe ser buen revolucionario y enemigo del capitalismo, que es la máxima opresión. Es decir, la enseñanza de marxismo puro en nombre del Evangelio.
Lo primero que les imbuyeron fue el principio de “nosotros”. “El trabajo y el amor de la comunidad es lo que nos lleva a la libertad”, señala el “catecismo” zapatista. El documento presenta como “proyecto de vida, las costumbres, la igualdad y el compartir la defensa de los derechos, la ayuda, el respeto, la organización y la responsabilidad”, mientras califica como “proyecto de muerte: el engaño, los gobernantes y demás autoridades... la Constitución estatal, el cantinero, pastores falsos, capitalistas y funcionarios, los caciques, el mestizo y el racismo”.
Paralelo a la labor de “preparación” que realizaban los sacerdotes jesuitas José Avilés, Armando Herrera Ríos, Eugenio Maurer Avalos, Alberto Velásquez Cruz, Salvador Quintero González y Pablo Olivares Martínez, el “comandante Daniel” repartía entre los catequistas la revista Proletario elaborada por el Partido Revolucionario Obrero y Campesino Unión del Pueblo (PROCUP) que en su manifiesto “Al pueblo de México”, anunciaba claramente su meta: “La toma del poder político, la instauración de la dictadura del proletariado y la construcción del socialismo” y para alcanzar esa meta proponían “una estrategia general que contemple como vía fundamental la lucha armada y todas las formas de combate”. Se estableció así una motivación religiosa-social que en la mente indígena justifica totalmente su incorporación al movimiento rebelde.
Los servicios de inteligencia militar lograron evitar el alzamiento chiapaneco cuando elementos de la 31 Zona Militar irrumpieron en el ejido Quintana Roo y encontraron informes que comprometían a Felipe de Jesús Toussaint, párroco de Sabanilla, mientras que los indígenas de El Mico y El Quemado denunciaban que los guerrilleros eran apoyados con armas por Heriberto Cruz, párroco de Las Margaritas.
Siguiendo el rastro del contrabando de armas, los militares llegaron a Gustavo Zárate, profesor de ciencias sociales de la Universidad de Chiapas, quien confesó la existencia de “un arsenal en la diócesis y que él mismo es el contacto entre organizaciones guerrilleras y el obispo”. Así, los efectivos militares allanaron la Iglesia del Carmen, perteneciente a la diócesis de San Cristóbal, donde se decomisaron 70 rifles nuevos AK-47 de fabricación israelita y más de diez mil cartuchos, calibre nueve milímetros.
Dos religiosos manifestaron su indignación “por falta de respeto al allanar violentamente la Casa de Dios”, Samuel Ruiz García y Ernesto Aguilar Mancera, pero nada dijeron sobre las armas.
El 7 de marzo de 1992, cuando se realizó la famosa movilización “hormiga que marcha”, las actividades fueron coordinadas por el jesuita Jerónimo Hernández; dos días después se realizo una segunda marcha encabezada por 15 sacerdotes jesuitas; y un mes más tarde una tercera manifestación.
Las filas guerrilleras enfrentaban el cuestionamiento indígena por la falta de mando para encabezar la lucha armada y fue el 23 de enero de 1993, en la escuela del ejido Prado, cuando se reunieron los tres actuales mandos del EZLN. Descubiertos sus campamentos por el Ejército, secuestraron, torturaron y dieron muerte a dos oficiales, pero no se les permitió a los soldados responder.
Los líderes eran Sebastián Guillén Vicente “Subcomandante Marcos”, oriundo de Tampico, de 34 años, formado en colegios y universidades jesuitas y ex profesor de filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Ciudad de México; Héctor Ochoa, “comandante Pedro”, nativo del Distrito Federal, de 31 años, reclutado Tabasco, perteneciente al grupo de choque “línea azul” que apoyaba al ex dirigente sindical Joaquín Hernández Galicia “La Quina” y que trabajaba en la zona chiapaneca con el apoyo de la misión jesuita de Guadalupe.; y Salvador Morales “comandante Daniel”, originario de Zacapu, Michoacán, de 32 años de edad, reclutado en la UAM. Ellos habían sido enviados a Nicaragua para ser entrenados en tácticas guerrilleras por los Sandinistas.
Estos tres guerrilleros recibieron el apoyo de quien entonces tenía el mayor peso en la organización, el ex guerrillero comunista Fernando Yáñez Muñoz, “comandante Germán”, debido a que por la intermediación de su hermano César Yáñez Muñoz y a través del Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales en Monterrey, recibía fuerte apoyo económico de Fidel Castro.
En la famosa reunión del Ejido Prado se propuso la creación del Comité Clandestino Revolucionario Indígena y “Marcos” quedó encargado “de elaborar y ejecutar todos los planes relativos a la guerra de liberación”, invitando a incorporarse a los indígenas ya adiestrados en la lucha armada.
El primero fue Anastasio Santis “comandante Tacho”, indígena tojolabal, oriundo de Las Margaritas, de 29 años, ex dirigente de la Unión de Ejidos de la selva y ex catequista con el padre jesuita José Avilés.
Varios hechos refuerzan los informes militares. El 6 de abril de 1994, cuatro meses después del alzamiento, el sacerdote Joel Padrón al ser interrogado por la prensa aceptó la presencia de religiosos en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En una corta nota del Diario del Sur del 9 de febrero de 1994, el párroco de Guadalupe, Ernesto Aguilar, justificaba también el trabajo pastoral con el “Evangelio de San Marcos”. Pero sin duda quien mayor luz arrojó sobre estos eventos fue la “comandante Elisa”, detenida el 8 de febrero de 1995 en una “casa de seguridad”, el N° 30 de la calle Tenayuca, colonia Vértiz Narvarte, en el Distrito Federal, en poder de armas, cartuchos y documentación tanto del EZLN como de las FLN. María Gloria Benavides Guevara, de 27 años, oriunda del Distrito Federal, en su declaración confirmó la mayoría de los informes conseguidos hasta la fecha por la inteligencia militar.
Tanto las declaraciones ministeriales de la “comandante Elisa”, liberada bajo fianza en 1995, como las opiniones del Frente Cívico de San Cristóbal, la Unión Ganadera Regional de Chiapas y los ejidatarios indígenas afectados por los despojos zapatistas apuntan al mismo sitio: los teólogos de la liberación son los verdaderos responsables del levantamiento en Chiapas. Cesaron en el avance armado porque el Ejército los hubiera aniquilado en pocos días, por lo que se fingen pacifistas, mientras que el gobierno del presidente Fox les hace el juego e inexplicablemente promociona una paz donde no hay guerra, tendiendo una cortina de humo sobre el verdadero objetivo del EZLN: tomar el poder e instaurar “la dictadura del proletariado”.
Hoy día la capucha es la clave del ocultamiento de los curas revolucionarios, pues en esa forma actúan impunemente en el EZLN y en la propia marcha, en la que según denunció recientemente en rueda de prensa el sacerdote chiapaneco Luis Beltrán Mijangos, participan los sacerdotes Joel Padrón González, Jerónimo Alberto Hernández López S.J., Heriberto Cruz Vera, Pedro María (o Mariano) Arriaga, Rodolfo Román Gordillo, Orlando Lomelí Radillo, Antonio Van de Meulebruke, Gustavo López Mariscal, Mauricio Olvera García, Loren Riebe Estrella, Arnulfo Quintanar Monrroy S.J., Pablo Nodelny, Alen Yelquin, Carlos Javier Camarena Lobadie y Oscar Rodríguez Rivera. ¿Y qué dice a esto la autoridad eclesiástica? Nada. Sólo calla, sin importarle, aparentemente, que el que calla otorga.
© AIPE
El mexicano Julio Huerta Chávez es analista político.
No es fortuito que los principales “comandantes” zapatistas tengan nombres bíblicos, ya que eso obedece a una estrategia en su lucha. Y desde “Marcos” hasta “Zebedeo”, de acuerdo al catecismo impartido por los jesuitas, cada uno representa un grado de autoridad. Los indígenas chiapanecos recibieron adoctrinamiento subversivo, por parte de teólogos de la liberación, según una falaz interpretación del Evangelio de San Marcos.
De 1972 a 1974 se tradujo al tzetzal el “Libro del Éxodo” y se discutió en las comunidades sobre tres temas centrales: libertad, fe y esperanza. Inicialmente, los misioneros jesuitas hacían la síntesis y en esos trabajos participaban Pablo Iribaren, párroco de la Iglesia de San Jacinto, en Ococingo y Jesús Gómez, autoridad indígena del ejido La Sultana. Su prédica hablaba de que Jesucristo vino al mundo a acabar con la injusticia existente en los sistemas opresivos y explotadores de los pobres, que deberían ser destruidos, por lo que el buen cristiano debe ser buen revolucionario y enemigo del capitalismo, que es la máxima opresión. Es decir, la enseñanza de marxismo puro en nombre del Evangelio.
Lo primero que les imbuyeron fue el principio de “nosotros”. “El trabajo y el amor de la comunidad es lo que nos lleva a la libertad”, señala el “catecismo” zapatista. El documento presenta como “proyecto de vida, las costumbres, la igualdad y el compartir la defensa de los derechos, la ayuda, el respeto, la organización y la responsabilidad”, mientras califica como “proyecto de muerte: el engaño, los gobernantes y demás autoridades... la Constitución estatal, el cantinero, pastores falsos, capitalistas y funcionarios, los caciques, el mestizo y el racismo”.
Paralelo a la labor de “preparación” que realizaban los sacerdotes jesuitas José Avilés, Armando Herrera Ríos, Eugenio Maurer Avalos, Alberto Velásquez Cruz, Salvador Quintero González y Pablo Olivares Martínez, el “comandante Daniel” repartía entre los catequistas la revista Proletario elaborada por el Partido Revolucionario Obrero y Campesino Unión del Pueblo (PROCUP) que en su manifiesto “Al pueblo de México”, anunciaba claramente su meta: “La toma del poder político, la instauración de la dictadura del proletariado y la construcción del socialismo” y para alcanzar esa meta proponían “una estrategia general que contemple como vía fundamental la lucha armada y todas las formas de combate”. Se estableció así una motivación religiosa-social que en la mente indígena justifica totalmente su incorporación al movimiento rebelde.
Los servicios de inteligencia militar lograron evitar el alzamiento chiapaneco cuando elementos de la 31 Zona Militar irrumpieron en el ejido Quintana Roo y encontraron informes que comprometían a Felipe de Jesús Toussaint, párroco de Sabanilla, mientras que los indígenas de El Mico y El Quemado denunciaban que los guerrilleros eran apoyados con armas por Heriberto Cruz, párroco de Las Margaritas.
Siguiendo el rastro del contrabando de armas, los militares llegaron a Gustavo Zárate, profesor de ciencias sociales de la Universidad de Chiapas, quien confesó la existencia de “un arsenal en la diócesis y que él mismo es el contacto entre organizaciones guerrilleras y el obispo”. Así, los efectivos militares allanaron la Iglesia del Carmen, perteneciente a la diócesis de San Cristóbal, donde se decomisaron 70 rifles nuevos AK-47 de fabricación israelita y más de diez mil cartuchos, calibre nueve milímetros.
Dos religiosos manifestaron su indignación “por falta de respeto al allanar violentamente la Casa de Dios”, Samuel Ruiz García y Ernesto Aguilar Mancera, pero nada dijeron sobre las armas.
El 7 de marzo de 1992, cuando se realizó la famosa movilización “hormiga que marcha”, las actividades fueron coordinadas por el jesuita Jerónimo Hernández; dos días después se realizo una segunda marcha encabezada por 15 sacerdotes jesuitas; y un mes más tarde una tercera manifestación.
Las filas guerrilleras enfrentaban el cuestionamiento indígena por la falta de mando para encabezar la lucha armada y fue el 23 de enero de 1993, en la escuela del ejido Prado, cuando se reunieron los tres actuales mandos del EZLN. Descubiertos sus campamentos por el Ejército, secuestraron, torturaron y dieron muerte a dos oficiales, pero no se les permitió a los soldados responder.
Los líderes eran Sebastián Guillén Vicente “Subcomandante Marcos”, oriundo de Tampico, de 34 años, formado en colegios y universidades jesuitas y ex profesor de filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Ciudad de México; Héctor Ochoa, “comandante Pedro”, nativo del Distrito Federal, de 31 años, reclutado Tabasco, perteneciente al grupo de choque “línea azul” que apoyaba al ex dirigente sindical Joaquín Hernández Galicia “La Quina” y que trabajaba en la zona chiapaneca con el apoyo de la misión jesuita de Guadalupe.; y Salvador Morales “comandante Daniel”, originario de Zacapu, Michoacán, de 32 años de edad, reclutado en la UAM. Ellos habían sido enviados a Nicaragua para ser entrenados en tácticas guerrilleras por los Sandinistas.
Estos tres guerrilleros recibieron el apoyo de quien entonces tenía el mayor peso en la organización, el ex guerrillero comunista Fernando Yáñez Muñoz, “comandante Germán”, debido a que por la intermediación de su hermano César Yáñez Muñoz y a través del Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales en Monterrey, recibía fuerte apoyo económico de Fidel Castro.
En la famosa reunión del Ejido Prado se propuso la creación del Comité Clandestino Revolucionario Indígena y “Marcos” quedó encargado “de elaborar y ejecutar todos los planes relativos a la guerra de liberación”, invitando a incorporarse a los indígenas ya adiestrados en la lucha armada.
El primero fue Anastasio Santis “comandante Tacho”, indígena tojolabal, oriundo de Las Margaritas, de 29 años, ex dirigente de la Unión de Ejidos de la selva y ex catequista con el padre jesuita José Avilés.
Varios hechos refuerzan los informes militares. El 6 de abril de 1994, cuatro meses después del alzamiento, el sacerdote Joel Padrón al ser interrogado por la prensa aceptó la presencia de religiosos en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
En una corta nota del Diario del Sur del 9 de febrero de 1994, el párroco de Guadalupe, Ernesto Aguilar, justificaba también el trabajo pastoral con el “Evangelio de San Marcos”. Pero sin duda quien mayor luz arrojó sobre estos eventos fue la “comandante Elisa”, detenida el 8 de febrero de 1995 en una “casa de seguridad”, el N° 30 de la calle Tenayuca, colonia Vértiz Narvarte, en el Distrito Federal, en poder de armas, cartuchos y documentación tanto del EZLN como de las FLN. María Gloria Benavides Guevara, de 27 años, oriunda del Distrito Federal, en su declaración confirmó la mayoría de los informes conseguidos hasta la fecha por la inteligencia militar.
Tanto las declaraciones ministeriales de la “comandante Elisa”, liberada bajo fianza en 1995, como las opiniones del Frente Cívico de San Cristóbal, la Unión Ganadera Regional de Chiapas y los ejidatarios indígenas afectados por los despojos zapatistas apuntan al mismo sitio: los teólogos de la liberación son los verdaderos responsables del levantamiento en Chiapas. Cesaron en el avance armado porque el Ejército los hubiera aniquilado en pocos días, por lo que se fingen pacifistas, mientras que el gobierno del presidente Fox les hace el juego e inexplicablemente promociona una paz donde no hay guerra, tendiendo una cortina de humo sobre el verdadero objetivo del EZLN: tomar el poder e instaurar “la dictadura del proletariado”.
Hoy día la capucha es la clave del ocultamiento de los curas revolucionarios, pues en esa forma actúan impunemente en el EZLN y en la propia marcha, en la que según denunció recientemente en rueda de prensa el sacerdote chiapaneco Luis Beltrán Mijangos, participan los sacerdotes Joel Padrón González, Jerónimo Alberto Hernández López S.J., Heriberto Cruz Vera, Pedro María (o Mariano) Arriaga, Rodolfo Román Gordillo, Orlando Lomelí Radillo, Antonio Van de Meulebruke, Gustavo López Mariscal, Mauricio Olvera García, Loren Riebe Estrella, Arnulfo Quintanar Monrroy S.J., Pablo Nodelny, Alen Yelquin, Carlos Javier Camarena Lobadie y Oscar Rodríguez Rivera. ¿Y qué dice a esto la autoridad eclesiástica? Nada. Sólo calla, sin importarle, aparentemente, que el que calla otorga.
© AIPE
El mexicano Julio Huerta Chávez es analista político.