Menos retoques, más reformas

A última hora de la tarde del viernes, el Ministerio de Trabajo alcanzó un principio de acuerdo con la patronal CEOE y el sindicato Comisiones Obreras. El pacto, en principio, supone un avance hacia la racionalización del sistema público de pensiones. Sin embargo, tiene también sus contras y, sobre todo, no entra en la reforma a fondo del modelo.

Por el lado positivo, cabe destacar la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Para que el modelo sea viable, las cotizaciones sociales deben utilizarse únicamente para pagar las pensiones contributivas, no la política de protección social del Gobierno. Sin embargo, los presupuestos de la Seguridad Social tienen que destinar anualmente 650.000 millones de pesetas al pago de los complementos de mínimos, es decir, la diferencia entre la pensión que percibe un jubilado y la pensión mínima si la primera es más baja que la segunda. Esto desnaturaliza el sistema y hace que recaiga sobre él una competencia que no le corresponde. Con la conclusión de la separación de fuentes en los próximos doce años, se pone fin a esta irregularidad. Así, los presupuestos del Estado pasarán a hacerse cargo de los complementos de mínimos –lo que es posible gracias al saneamiento de las cuentas públicas llevado a cabo en los últimos cinco años-, liberando de esa carga al sistema de pensiones. Eso permitirá incrementar la dotación anual del fondo de reserva en esos 650.000 millones, contribuyendo a mejorar la salud financiera del modelo. El único problema es que el plazo para terminar la separación de fuentes es muy largo.

Otro punto del acuerdo es la subida de las pensiones mínimas. El vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, siempre condicionó esta decisión a la evolución del crecimiento económico y de la creación de empleo. Ambas permiten abordar ahora esta cuestión. Sin embargo, de cara al futuro, suponen un incremento del gasto anual que puede que no se corresponda con el aumento de los ingresos por cotizaciones, lo que devuelve otra vez la pelota al tejado de la necesidad de abordar una reforma en profundidad del sistema público de pensiones.

En el haber del pacto debe anotarse también el establecimiento de incentivos al retraso en la edad de jubilación, por lo que supone de ahorro para el sistema de pensiones, al igual que el endurecimiento de las condiciones para que las empresas puedan acogerse a las prejubilaciones. Pero estas decisiones contrastan con la relajación de los requisitos para acogerse a las jubilaciones anticipadas, porque los gastos que puede generar podrían neutralizar el efecto de las otras dos medidas.

Donde empiezan a fallar las cosas es en lo relativo al aumento del periodo de cálculo del importe de la pensión. La lógica actuarial aconseja que se tome toda la vida laboral del trabajador, en lugar de los últimos años, como se hace en la actualidad, porque sobrevaloran el importe de la pensión respecto del total de cotizaciones pagadas por el jubilado. Sin embargo, en este capítulo, las cosas se han quedado como estaban, es decir, seguirá aumentando de forma gradual desde los doce años actuales hasta los quince en 2003, año en el que volverán a sentarse a la mesa de negociación el Gobierno y los agentes sociales para discutir cómo se puede mejorar la contribución. Mal fecha ha elegido Trabajo, porque ese ejercicio es víspera de elecciones generales y el Ejecutivo no querrá meterse en nada que pueda deteriorar su imagen y restarle votos.

Por lo demás, el acuerdo del viernes adolece de un gran defecto: en lugar de abordar una reforma en profundidad del sistema público de pensiones, le da nuevos retoques que, en general, pueden mejorar su salud financiera, pero que no resuelven el problema de fondo, esto es, el riesgo de ruptura de su equilibrio financiero cuando, a partir de 2025, empiece a jubilarse la generación del baby boom, con el consiguiente deterioro de la relación entre pensionistas y cotizantes. Quizá en las negociaciones que aún quedan pendientes sobre la reforma del Pacto de Toledo puedan lograrse nuevos avances. Pero, por lo que ha puesto el Gobierno hasta ahora sobre la mesa, no cabe esperar mucho más excepto la introducción del salario diferido –intercambio de subidas salariales por aportaciones de la empresa a planes colectivos de pensiones- en la negociación colectiva.

Del rechazo de UGT al pacto, mejor no hablar. La actitud del sindicato socialista ya lo dice todo por sí sola.

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