Cualquier persona medianamente inteligente y medianamente informada ya tiene muy claro a estas alturas que el sistema público de pensiones en España no va a ninguna parte. Por muchos parches que se le puedan poner, hay una realidad de la que no escapa, esto es, que el envejecimiento de la población conduce necesariamente a que, en el futuro, las pensiones sean más bajas o a que las cotizaciones sociales que las financian sean mucho más elevadas que las actuales. El Gobierno, por ello, pretende que uno de los puntos del segundo capítulo de la reforma laboral sea la introducción del salario diferido, esto es, el intercambio de subidas salariales por aportaciones de la empresa a planes de pensiones colectivos. En definitiva, se trata de pasar a un modelo mixto de capitalización y reparto.
La idea, sin duda, le gustará a la OCDE que, en su último informe sobre España, acaba de propinar un varapalo al Gobierno, al denunciar algo obvio: que sin reformas, el sistema de pensiones va directo a la quiebra y que el pacto firmado en marzo con los sindicatos no hace más que añadir problemas al cúmulo de dificultades que ya existen. Los técnicos de la Organización, por ello, recomiendan que se pase a la capitalización como fórmula para complementar una pensión pública que será cada vez más reducida con respecto al mínimo necesario para vivir con dignidad y cierta holgura a partir del momento de la jubilación.
La OCDE no entra en si el sistema de capitalización debe ser en forma de planes de empresa o de planes privados. Pero advierte con claridad que hay que caminar hacia él. La fórmula privada, sin embargo, tiene una gran ventaja: el ciudadano elige al gestor de los ahorros con los que financiará su pensión futura, sin intromisiones de nadie, empezando por los sindicatos. El Gobierno, sin embargo, no se atreve a tanto y prima lo que él denomina estabilidad social frente a algo mucho más fundamental, el derecho a elegir, uno de los aspectos fundamentales de la libertad que, por desgracia, tantas veces se olvida.
Esa misma actitud del Gobierno es la que lleva a no plantearse ni de lejos la posibilidad de sustituir por completo el sistema de reparto por el de capitalización. Siempre alega que los costes que provocaría este cambio son tan elevados que las cuentas públicas no podrían asumirlos. El Círculo de Empresarios, sin embargo, acaba de ofrecer una solución a lo que el Ejecutivo considera un callejón sin salida: la fórmula para hacer esa transición sin costes o con un coste asumible perfectamente. Su propuesta no debería caer en saco roto. Por desgracia, al final primará el interés político. Y es que es muy tentador manejar los más de ocho billones de pesetas que supone anualmente el pago de las pensiones públicas y, sobre todo, tener la capacidad para subirlas poco menos que por decreto. ¡Cuántas veces hemos visto hacer esto a los políticos!
El varapalo de las pensiones
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