El Rey de España será rey mientras exista España. La monarquía constitucional será monarquía mientras exista la Constitución. El Gobierno de la Nación tiene el deber de asistir al Rey en la defensa de la institución que representa, porque es inseparable de la defensa de la legalidad y de la integridad nacional. Parece que estos principios tan sencillos deberían estar en la mente de todos y regir la actuación del Jefe del Estado cuando le toca recibir a políticos elegidos más o menos democráticamente (en el País Vasco, muy poco democráticamente, por el terrorismo nacionalista), pero cuyo mensaje es el de romper físicamente España y acabar con su sistema de libertades, precisamente lo que el Jefe del Estado y los sucesivos jefes de Gobierno han jurado defender.
Por desgracia, el papel utilísimo que el Rey jugó en los años duros de la Transición, y singularmente el 23-F, ha dejado en la penumbra el ejercicio de su función esencial, que es la representación de España dentro y fuera de nuestras fronteras. Una cohorte de propagandistas de alquiler, como Miguel Herrero, Tusellone, Ambrona y otras alhajas de la cuadra polanquista, vienen utilizando al Rey y a la Corona como los instrumentos legales que permitirían el separatismo "pacífico" del país Vasco, Navarra y Cataluña –de momento no hay más autonomías que les hayan encargado a esos plumíferos dictámenes a peso de oro–. Supercherías nacionalistas antañonas como el "Pacto con la Corona" de un sector del PNV han cumplido esa misma función de disimular e incluso negar cualquier ataque contra el Rey como si atacar España no fuera con él. También desde esas áreas de nacionalismo al contado se insiste en el Rey como "último cartucho" de no se sabe qué "mediación", pero separatista en cualquier caso.
Pues bien: estas historias deben terminar radicalmente, ya. El Rey no es un embajador autonómico ni un mediador constitucional ni un amigable componedor de quiebras, ni un abogado de divorcios históricos. Si alguien, compinchado con el terrorismo, viene a plantearle la ruptura de España, es dudoso que deba recibirlo. Y si lo hace debe de ser un acto de clara hostilidad hacia los separatistas, no de compincheo con quienes pretenden hundir en un mar de sangre muchos siglos de común Historia de España. Aunque estemos acostumbrados a ello, no cabe fiar a la elocuencia de los gestos o al acierto de los símbolos lo que no debe ser una acción improvisada del Rey sino pensada y coordinada siempre con el Gobierno de la Nación. El Rey no puede ser neutral ante la amenaza separatista. Caso de concretarse, debería incluso intervenir en los términos inequívocos y tajantes que le marca la Constitución.
Pero sobre todo debe transmitir el mensaje de que lo que haga el Rey lo hace en perfecta coordinación con el Gobierno de España. No caben políticas paralelas ni, por cierto, familias paralelas dentro de la Familia Real. Si los Urdangarín están con el PNV y por la destrucción de España, no pueden representar a la Corona ni a España en ningún sitio. El padre es elocuente en su nacionalismo. Si el hijo, en ejercicio de su libertad, no quiere serlo en sentido contrario, ha de ser discreta pero implacablemente apartado de cualquier representación nacional. Vamos a entrar en un período de definición española, a la fuerza, porque el PNV lo impone, pero ante la que ya no cabe escurrir el bulto. Todos, pues, deben estar en su sitio. Y el Rey, en primera línea, naturalmente. Cuanto más fuerza se demuestre ante ellos, a menos se atreverán.
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