Lo de Mario Conde y Banesto es como lo del Guadiana: aparece y desaparece cada cierto tiempo. Pero yo no creo en las casualidades y, por ello, no puedo dejar de pensar que, en medio del lío de Gescartera, ahora un juez admita a trámite una querella presentada por una agrupación de pequeños inversores que se consideran perjudicados, cuando ya han pasado siete años desde que el Banco de España intervino la entidad presidida por Conde. Eso no es muy lógico.
En cualquier caso, si hay una cuestión que preguntarse. El Banco de España, como es sabido, conocía las dificultades por las que pasaba Banesto. Aún así, autorizó la ampliación de capital que se llevó a cabo en 1993 para poder permitir el saneamiento del banco. Hasta ahí, todo correcto, puesto que eso es una práctica habitual en los sistemas financieros de cualquier país avanzado. El problema es que los particulares acudieron a esa ampliación. Un inversor institucional tiene medios para saber como están las cosas; incluso, para entender perfectamente las auditorias. Además, manejan con frecuencia información privilegiada. A ellos, por tanto, el Banco de España podría haberles advertido del estado de las cosas y, aún así, haber acudido a la ampliación.
Los ciudadanos, en cambio, carecen de esos medios para averiguar la verdad. Es comprensible que no se quisiera hacer un anuncio público de cómo estaba Banesto para evitar pánicos. Pero también debería haberse limitado la ampliación de capital a los inversores institucionales. Ese es el error y la lección que hay que aprender de cara al futuro.

El Guadiana de Conde

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