Los rectores dicen que la comunidad universitaria se ha levantado contra la nueva Ley de Universidades y están indignados ante las acusaciones más o menos tácitas que hace el Ministerio de Educación de que son ellos quienes dirigen las movilizaciones de estudiantes. A cualquiera que haya leído la LOU le costará trabajo creer que los estudiantes quieran movilizarse contra una ley que impedirá a los rectores seguir manipulando los claustros que los eligen, que abrirá un poquito más la Universidad a la sociedad, que intentará romper el endogámico sistema de obtención de cátedras y cuyo funcionamiento deberá someterse a la evaluación de un tribunal externo.
Es difícil creer a las autoridades académicas que aseguran estar solidarizándose con los estudiantes cuando quienes trabajan en la Universidad saben perfectamente que el motivo por el que se deja de dar clases estos días de huelga no es la falta de alumnos, sino la ausencia del profesor.
Es difícil creer que los rectores se solidarizan con sus alumnos cuando se podía haber comprobado que de los universitarios que acudieron a la manifestación del 7 de noviembre en Madrid, la mayoría pertenecían a la Universidad Autónoma o a la Carlos III, universidades ambas cuyos rectores, casualmente, encabezaron el acto de protesta.
La Universidad pública la pagamos entre todos, no es de los rectores, ni de los profesores, ni siquiera pertenece a lo que se llama comunidad universitaria. Algo que cualquier ciudadano debería saber, pero que la progresía de izquierdas nunca está dispuesta a respetar. Esa progresía que, a la vez que se erige en defensora de la enseñanza pública, busca la mejor forma de deteriorarla y, antes de perder su control, está dispuesta a no dejar de ella más que un puñado de costosas cenizas.
La Universidad pública no es propiedad privada
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