Unidos contra el progreso

Mucho se ha hablado de la heterogeneidad de intereses presentes en las protestas contra la LOU (sindicatos, partidos políticos, grupos antiglobalización, estudiantes marxistas y rectores). Sin embargo, en esa heterogeneidad, existe un denominador común que los aglutina: lo que se ha llamado la dictadura del statu quo, la hostilidad al verdadero progreso, que sólo puede venir de la mano de la libertad y del mercado, así como su apego a la ubre presupuestaria: unos porque no la quieren dejar, y otros porque aspiran a obtener su parte. Por eso, no es extraño ver juntos a sindicatos, partidos políticos de izquierda, rectores paniaguados y estudiantes prototalitarios. Cada parcela de libertad que el ciudadano gana al Estado es para ellos una tragedia mayúscula, que hace peligrar sus privilegios y sinecuras, al tiempo que demuestra la clamorosa inutilidad —o más bien la onerosa nocividad— de sus “servicios” a la sociedad.

Cada vez son más quienes piensan que no existen verdaderas razones para que la enseñanza sea un bien público de provisión gratuita o cuasi-gratuita, como es el caso de la Universidad. Pero admitiendo a efectos puramente argumentativos el principio de igualdad de oportunidades (entendida, en el mejor sentido posible, como igualdad en las condiciones económicas de acceso), no se comprende por qué un sistema de universidades privadas no iba a garantizar esa igualdad si el presupuesto que se dedica a financiar las universidades públicas se dedicara a la concesión de becas a quienes, sin disponer de recursos, acreditaran la capacidad suficiente para acceder a los estudios superiores. Pero sí se comprende muy bien que quienes no están muy seguros de su capacidad y competencia prefieran que el acceso al profesorado se rija por criterios corporativos y que el acceso a las aulas sea indiscriminado. Lo uno para asegurarse el puesto, y lo otro, para asegurarse el presupuesto, por aquello de la “gran demanda social”. Todo ello a costa de los estudiantes más capacitados y del contribuyente. Y siempre en el marco de una Universidad “pública”.

La reforma del Partido Popular, destinada a evitar que la Universidad degenere aún más como consecuencia de la endogamia, la politización y el acceso indiscriminado a las aulas, es sólo un tímido paso en la dirección apropiada. Sin embargo, la Universidad, mientras siga siendo pública, carecerá de los mecanismos más elementales que permiten hacerla más eficaz y adecuar los servicios que ofrece a las necesidades reales de quien la financia: los ciudadanos con sus impuestos. Mientras tanto, seguirá siendo un feudo de quienes la utilizan como instrumento de poder al margen de cualquier control relacionado con la adecuación a los fines que ha de cumplir, con el logro de los objetivos que justifican su existencia.

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