El Perú de Fujimori se había transformado en una especie de cacicato venal, donde la mayoría de las funciones gubernamentales se compraban, vendían o alquilaban. La función de la justicia era instruir las causas necesarias para que los detractores del régimen que no se plegaban a la política del palo y la zanahoria del soborno, la intimidación y la amenaza, purgasen con cuantiosas multas, expropiaciones y privaciones de libertad su “temerario desacato”. Montesinos era el encargado de tejer esa red mafiosa en las alcantarillas del poder, cuyo objeto era corromper o eliminar a todo opositor peligroso, como los famosos vídeos pusieron de manifiesto.
La prensa independiente fue la principal víctima de las intrigas de Montesinos. Por poner un ejemplo, al empresario de origen israelí, Baruch Ivcher, lo expulsaron de la dirección de su canal de televisión, además de privarle de la nacionalidad y de abrumarle a denuncias judiciales. La causa del desafuero cometido con Ivcher fue que, en 1997, su canal de televisión emitió varios programas que desvelaban irregularidades dentro del gobierno de Fujimori, entre las que destacaban la tortura y asesinato de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, Mariela Barreto Riofano. El canal de Ivcher se atrevió a mostrar en pantalla la declaración de la renta de Montesinos, así como a revelar que los servicios de inteligencia gubernamentales habían pinchado los teléfonos de varios altos cargos y personalidades peruanas.
Hace unos días, Pedro Salinas, periodista peruano, denunciaba en este diario la persecución de Álvaro Vargas Llosa, quien abandonó a Toledo en plena campaña electoral y pidió el voto nulo, por sospechar en él tendencias autoritarias. Sus sospechas han quedado confirmadas. Hoy es el mismo Álvaro Vargas Llosa quien denuncia en nuestro diario la persecución montesinesca que está padeciendo, tan sólo por anunciar en noviembre su sospecha de que el gobierno de Toledo habría estado negociando en secreto con el consorcio aeroespacial europeo EADS un contrato de mantenimiento de los MIG-29 adquiridos extralegalmente por Fujimori, por lo que exigía una aclaración pública, aunque en ningún momento llegó a acusar al gobierno de Toledo por actuar ilegalmente. La prensa peruana confirmaría pocos días después este extremo: un contrato de 200 a 300 millones de dólares sin concurso ni información pública.
Desde entonces, una pléyade de amigos del presidente y de jueces y fiscales con poco respeto por el derecho procesal, se han dedicado a calumniarle, a amenazarle con la ruina y la prisión y a hacerle la vida imposible. Los esquemas de Montesinos vuelven a repetirse, solo que con un agravante: hasta ahora, Toledo ha gozado del plus de legitimidad democrática que le confiere el haber contribuido a acabar con la dictadura de Fujimori y el haberse comprometido a eliminar del Perú la corrupción y los abusos de poder, por lo que aún goza de credibilidad en este sentido.
Como señala el periodista, las increíbles victorias judiciales de Toledo en los tribunales de la dictadura, así como sus intrigas con sus amigos personales para conseguir una prensa adicta, no le hicieron presagiar nada bueno. Toledo ha confirmado sus presagios, y además, en la propia carne de Vargas Llosa. Esperemos que la prensa, y especialmente los peruanos, no permitan que se malogren las recién reconquistadas libertades. Al menos, queda la esperanza de que Toledo no cuenta con un subordinado tan letalmente eficaz como Montesinos.
Todos los derechos reservados
!-->