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EDITORIAL

¿Pero no había un pacto?

No hace todavía ocho meses que el ministro de Justicia, Ángel Acebes, anunciaba con toda solemnidad el fin de la politización de la Justicia. Acebes expresaba en mayo del año pasado que “hay que elegir doce jueces y magistrados para incorporarse como vocales al CGPJ. Pues bien, esos doce serán elegidos por jueces y magistrados y no van a ser elegidos por los partidos políticos en su primera instancia”.

Pero, como bien decía el propio Acebes, se elimina la politización sólo en primera instancia. El Poder Judicial ha estado politizado desde el principio. Uno de los grandes errores de la Constitución fue confiar directamente al Parlamento la elección de los miembros del CGPJ. En un sistema genuinamente representativo, sin listas cerradas, donde cada diputado respondiera personalmente ante su electorado —y no ante su partido— de su gestión parlamentaria, tendría sentido que el órgano de gobierno del Poder Judicial fuera elegido por los representantes de la soberanía popular, del mismo modo que también eligen al presidente del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en un sistema como el nuestro, donde la Constitución asigna a los partidos políticos un papel tan preponderante, es prácticamente imposible despolitizar —o, mejor dicho, despartidizar— el Poder Judicial si no es poniéndolo al abrigo de la influencia —directa o indirecta— de los partidos. Y esto sólo puede hacerse introduciendo reformas en la Constitución que apelen al voto directo de los ciudadanos. Mientras la Constitución reconozca en exclusiva al Parlamento la elección de los miembros del CGPJ, sea cual sea el mecanismo de selección interpuesto, siempre habrá margen para la disputa partidaria.

El sistema pactado por el PP y el PSOE hubiera sido una solución bastante razonable si, en lugar de los partidos políticos, fueran los ciudadanos quienes pudieran elegir a los miembros del CGPJ de entre los candidatos propuestos por jueces y magistrados. La cuestión es si los partidos políticos desean realmente limitar su esfera de influencia al poder Ejecutivo y al Legislativo. Hasta ahora no lo han demostrado.

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