El gobierno en una democracia es, por definición, un gobierno limitado. Y lo es no sólo porque tiene limites temporales para su ejercicio sino porque tiene limites competenciales que le impiden vulnerar los derechos individuales, el imperio de la ley, la independencia del poder judicial, la libertad de prensa y, en general, los pesos y contrapesos que caracterizan a una democracia digna de tal nombre. Cualquier gobierno en una democracia, por muy mayoritariamente que haya sido respaldado —el de Pedro Sánchez es, para colmo, el menos respaldado de la democracia— lo es siempre de forma transitoria y en ningún momento puede estar por encima de la ley, ni de la crítica ni puede someter a su dictado a jueces, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a periodistas o a simples ciudadanos.
Que un gobernante, su esposa o su hermano no puedan ser llevados al banquillo de la justicia o ni siquiera ser objeto de crítica de la prensa es propio de las dictaduras, no de las democracias. Que un gobernante pueda dejar arbitrariamente impunes los delitos perpetrados por miembros, socios o aliados de su gobierno es propio de un régimen totalitario, no de un Estado de Derecho democrático. Pedro Sánchez ha dejado en evidencia, no ya sólo que está decidido a aferrase al poder, sino que pretende combatir y erradicar todo contrapoder que se interponga a su dictado. En este sentido, Pedro Sánchez no ha dedicado el paréntesis de estos días a valorar si deja o no el gobierno, sino a tejer el disfraz de víctima con el que pretende ejercer de verdugo de todos los contrapoderes que caracterizan a una democracia liberal, valga la redundancia. Sánchez no ha reaparecido para anunciar que va a asumir y respetar la libertad de prensa o la independencia del poder judicial, sino para anunciarnos que va a tratar de "limpiarlas" como si de "fango" se tratara.
En este sentido, su nada velada amenaza al PP de vulnerar las mayorías constitucionalmente establecidas para la renovación del CGPJ si el partido de Feijóo no se somete a su dictado; sus criticas a los miembros del Poder Judicial o a la prensa que osa criticarle, es prueba evidente de que Sánchez no quiere mantenerse al frente de un gobierno democrático, sino que quiere transitar a un régimen de corte autoritario propio de una república bananera sin parangón en nuestro entorno europeo.
En este sentido, hace bien Feijóo en anunciarnos un plan para proteger a jueces y periodistas frente a las pulsiones totalitarias del gobierno sanchista; como hace bien en pedir —por fin— la comparecencia de Begoña Gómez en el Congreso o, en su defecto, en el Senado. También está en su derecho Vox de personarse contra Begoña Gómez en el Juzgado ante los clamorosos indicios de tráfico de influencias que pesan contra ella. Pero sobre todo lo que tiene que hacer la oposición democrática de este país es denunciar en Europa los intentos de Pedro Sánchez no tanto de mantenerse en el gobierno sino de cambiar de régimen político. Eso, y movilizar a la ciudadanía para que se manifieste en la calle, no contra la continuidad de Sánchez, sino contra el cambio de Régimen que quiere pilotar desde el gobierno.