Una de las claras asignaturas suspensas del Gobierno del PP ha sido la seguridad ciudadana. La afirmación de Zapatero de que España vive el momento de mayor criminalidad de su historia puede ser exagerada, pero no es menos cierto que Aznar no debía negar la realidad de su evidente y grave incremento; una realidad tan percibida por los ciudadanos como ratificada por las estadísticas.
Está bien que el PSOE esté dispuesto a hacerse eco de la preocupación ciudadana por la delincuencia, un problema ante el que la izquierda ha mostrado escasa sensibilidad tradicionalmente. Lo malo es que las cuestiones en las que básicamente incide y las medidas que con más vehemencia propone constituyen la típica “solución” socialista ante cualquier problema: más gasto público y más funcionarios. Esto está llevando a que el debate gravite sobre el número de policías y la remuneración que perciben. Sin embargo, más que decir que los españoles destinamos pocos impuestos a seguridad ciudadana, sería mejor diagnóstico señalar lo poco que pagan los delincuentes por sus delitos.
Dentro de los factores que integran el Sistema de Justicia Criminal –Policía, legislación Penal, Administración de Justicia o Centros Penitenciarios– el primero es el que en menor medida explica el incremento de la delincuencia. El problema de España no es un bajo nivel de detención, sino que ésta no va acompañada por una sanción rápida y lo suficientemente severa como para disuadir al delincuente de que cometa el delito. La impresión popular de que los delincuentes entran en la comisaría o en el juzgado “por una puerta y salen por otra” no es un tópico, sino una realidad denunciada por los policías y confirmada por los índices de reincidencia. En las estadísticas se puede comprobar la infinidad de delincuentes que han acumulado decenas, cuando no centenares, de delitos, y siguen en la calle delinquiendo. A la falta de severidad de las penas se une la falta de cumplimiento efectivo de las mismas, gracias a la prodigalidad con que se administra el tercer grado y los permisos carcelarios, que se aprovechan para volver a delinquir en infinidad de casos, cuando no para darse directamente a la fuga. Muchos delincuentes ni siquiera entran en prisión, pues quedan en libertad a la espera de juicio. Y dada la lentitud que padece nuestra Justicia, la espera es larga y otorga muchas ocasiones de reincidencia.
En este marco hay que incluir el factor de la inmigración. Actualmente, más del 50 por ciento de los delitos en España los cometen inmigrantes. La falta de control de la inmigración ha hecho que junto a los trabajadores se cuelen delincuentes. Los socialistas no sólo se han opuesto a un mayor rigor en el control de la entrada de inmigrantes, sino que el Gobierno tampoco lo ejerce. La demagogia y el concepto de racismo mal entendido no sólo es un impedimento para atajar la delincuencia, sino que es perjudicial por la sombra de sospecha que se cierne contra los trabajadores extranjeros.
Por si fuera poco, los inmigrantes se han puesto también a ejercer de okupas, vista la impunidad –incluso buen tratamiento por parte de muchos medios– de la que goza en nuestro país este delito. El semanario Época publica esta semana un magnífico reportaje en el que informa de la cantidad de viviendas de veraneantes en la costa levantina que están siendo invadidas por inmigrantes, sobre todo de origen magrebí; sabiendo que sus propietarios sólo las visitan en vacaciones, se instalan en ellas y hacen uso de luz, agua e incluso de teléfono. Estos delitos no sólo tiene la gravedad que padecen sus víctimas sino que sus efectos sobre el turismo son devastadores. En muchas localidades como en Alicante las mafias de inmigrantes han creado un clima de inseguridad tal que ha expulsado de muchos barrios a los autóctonos y han hecho caer de tal forma los precios de comercios y viviendas que permiten a las mafias hacerse los verdaderos dueñas del vecindario.
A lo barato que sale el delito en España se une la imposibilidad de expulsar a nadie con causas judiciales pendientes. Ello se convierte en un incentivo para que los inmigrantes ilegales delincan a fin de evitar así su expulsión, pero tampoco son encarcelados, sino que quedan en libertad a la espera de un juicio que tarda mucho en producirse. Por ello, y por el hecho de estar ya suficientemente abarrotadas nuestras prisiones, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado han pedido la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales, aunque tengan causas pendientes.
Es en la administración de Justicia donde básicamente se ha de intervenir. De querer gastar más en seguridad, es ahí donde el Gobierno debería de invertir, aunque hay toda una serie de reformas que no lo requieren y que, dada su eficiencia, también contribuirían a agilizar y fortalecer nuestra Justicia. Además de la aplicación de lo juicios rápidos, requeridos acertadamente por Zapatero, es necesario hacer cambios legislativos que otorguen mayor severidad a la aplicación de las penas para que realmente sean disuasorias.
Sin estos cambios de poco servirá tener más policías. La certeza, rapidez y severidad de la pena puede rendir mucha más seguridad que la que proporcione un mayor número de agentes. De hecho, si se reducen las penas, está demostrado que un incremento de agentes puede correr parejo a un aumento de la delincuencia, como ocurrió con los Gobiernos socialistas. En los últimos años, si bien es verdad que el número de agentes públicos ha descendido, no es menos cierto que el de los privados se ha disparado y, sin embargo, la delincuencia ha seguido aumentando. Si hay ciudadanos que han estado dispuestos a pagar más agentes de seguridad es que éste es el único factor que ellos pueden directamente variar. Pero el más decisivo, el de la agilidad y severidad de las penas, depende exclusivamente del Gobierno y del Parlamento.
El PSOE quiere que haya más agentes a cargo del contribuyente que los que financia el bolsillo de los pudientes. Es muy discutible. Pero, en cualquier caso, un mayor número de agentes, sean públicos o privados, sólo elevará la probabilidad de detención. Pero los delincuentes, visto lo poco que con ella pierden, seguirán jugándosela.
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