Nunca está de más insistir en que la pieza clave para que exista un estado democrático y de derecho es la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Y son precisamente los jueces los encargados de velar por que esta igualdad se cumpla en la práctica, incluido el caso en que sean ellos mismos los justiciables.
Si en casi todas las profesiones el corporativismo es un obstáculo a la excelencia y al progreso (como lo son todas las manifestaciones del colectivismo), en la judicatura supone la negación misma de la profesión, puesto que la independencia del Poder Judicial se basa precisamente en la no sujeción de los jueces a otros dictados que no sean los que impone la ley.
La confianza de los ciudadanos en la Justicia ya estaba bastante erosionada antes de que estallara el escándalo de la Sección Cuarta. La concesión mecánica e indiscriminada de permisos penitenciarios a delincuentes peligrosos —que aprovechan la coyuntura para huir o seguir delinquiendo—, las excarcelaciones de proetarras practicadas por la misma Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, el atropello a Gómez de Liaño, así como la cuestión de inconstitucionalidad que la Sala de lo Contencioso-Administrativo (también de la Audiencia Nacional) pretende interponer contra el cierre de la financiación pública a los proetarras de Batasuna, son de por sí indicios suficientes para que los ciudadanos desconfíen de la Justicia en su conyuntura actual.
El caso del “narco volador” hubiera sido una buena oportunidad para que el CGPJ y el estamento judicial rehabilitaran su buen nombre, manchado de ineficacia, corporativismo y politización. Era la ocasión perfecta para hacer un escarmiento que sirviera de ejemplo a navegantes desnortados por el magnetismo de los maletines, envilecidos por la coacción y obnubilados por el glamour político, y para enmendar el desafuero cometido con Gómez de Liaño, quien cometió el error de no someterse a la disciplina del partido... judicial. Pero la actuación del CGPJ, y en particular la de Ignacio Sierra, ha dado al traste con toda esperanza de purificación de la Justicia.
Huelga recordar que López Ortega es miembro de Jueces por la Democracia y compañero de asociación de Ignacio Sierra, quien instruye el expediente disciplinario. Por eso, dadas las circunstancias, no sorprende que Sierra quiera dejar el asunto de “El Negro” en un “tirón de orejas” a sus queridos compañeros (de profesión y de asociación), presuntísimos prevaricadores, y utilice la instancia disciplinaria ilegalmente como arma de combate contra el fiscal Luzón, en lugar de dejar que la instrucción penal siga su curso.
Al más puro estilo medieval, Sierra quiere a los jueces los juzguen sus “pares”, quienes acudieron presurosos a aplaudir a Cezón, López Ortega y Ollero a instancias del inefable Siro García —otro “colega” de la Audiencia Nacional— en un espectáculo que, siendo reprobable en los ciudadanos de a pie, resulta bochornoso e indigno en quienes tienen la obligación de perseguir el delito y hacer cumplir la ley. Por desgracia, no escasean los jueces progres que piensan que la ley no se ha hecho para ellos.
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