No era ningún secreto que Garzón no caía bien en la Audiencia Nacional. González le utilizó como último cartucho para ganar las generales de 1993, pero el posterior “corte de mangas” del ex Presidente del Gobierno y Belloch, que le privaron del ansiado ministerio relegándole a la jefatura del Plan Antidroga, impulsó a Garzón a volver a la judicatura, devolviendo el “corte de mangas” a su cicerone político. Si a esto se añaden sus instrucciones en los casos relacionados con el GAL, se entiende perfectamente que Garzón no caiga nada bien en el PSOE. Y teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional no es precisamente un feudo conservador, no es extraño que los procedimientos de Garzón fueran mirados con lupa en la Sección Cuarta en busca de errores que pudieran arruinarlos.
Un exceso de celo que, al parecer, no se aplicó a la evaluación del informe del psiquiatra en el caso de “El Negro”, habida cuenta de que Cezón fue juez de vigilancia penitenciaria. A modo de ejemplo, basta con recordar que López Ortega (uno de los procesados por la excarcelación del “narco volador”) fue ascendido a magistrado de la Audiencia Nacional en 1997 gracias a los buenos oficios de Maria Teresa Fernández de la Vega, vocal entonces del CGPJ (fue Secretaria de Estado de Justicia con Belloch) que coincidió con él en Baleares en su calidad de delegada territorial del CGPJ.
De los mas de cien procesados y encarcelados en espera de juicio por Baltasar Garzón, están en libertad más de sesenta. Si bien es verdad que Garzón tiene fama de no ser un buen juez instructor, un sesenta por ciento de enmiendas a sus procedimientos parece una cifra algo exagerada. Máxime cuando el miércoles los jueces Siro García, Antonio Díaz Delgado (quien en su día emitió voto particular en contra de la excarcelación de miembros de EKIN) y Javier Gómez Bermúdez, que sustituyen a la tríada procesada por la excarcelación de “El Negro”, ha empezado a dar la razón a Garzón. Por de pronto, la nueva Sección Cuarta considera que de la instrucción elaborada por Garzón sí hay indicios suficientes como para suspender por cinco años las actividades de EKIN, considerándola como una asociación ilícita.
Si algo bueno ha tenido el escándalo del “narco volador” ha sido que Cezón y López Ortega han sido apartados de la “Sección de Puertas Abiertas”. Ya no podrán seguir obstruyendo los procedimientos de Garzón con la excusa del “celo garantista”, atenuado misteriosamente justo antes de conocer su suspensión, cuando confirmaron el procesamiento de Pepe Rei, ex director de Ardi Beltza, por pertenencia a ETA.
Fuera por coacción, por cohecho o por inquina, no era posible mantener abierto por más tiempo un coladero especial para los delincuentes más peligrosos. Hasta Siro García, que organizó la aclamación callejera de Cezón, López Ortega y Ollero, ha tenido que rendirse ante la evidencia y el sentido común. O, si bien se mira, ante la evidente necesidad de recuperar el ya inexistente prestigio de la Audiencia Nacional.
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