Los “chicos de la gasolina” se han convertido, por desgracia, en parte integrante del paisaje en las ciudades vascas. Su “violencia de baja intensidad” denominación desafortunada donde las haya es como el txirimiri. Poco a poco ha ido calando en la sociedad vasca, empapándola de miedo e impotencia. Los cachorros de la ETA se han ido haciendo dueños de la calle ante la pasividad no es posible explicarlo de otro modo de la policía autonómica vasca, que a este respecto obedece “órdenes superiores”.
Si a ello se añade que las escasas veces que se consigue detener a estos vándalos con pretensiones políticas que practican su “noviciado” para el ingreso en el holding etarra quemando autobuses con conductor dentro e incendiando sucursales bancarias, además de recopilar información para futuros atentados, sistemáticamente se declaran insolventes para no tener que responder de los daños materiales y morales causados por sus estragos, el círculo de la impunidad se cierra con el escarnio a las víctimas de sus desmanes.
Después de encarcelar a diez presuntos miembros de Segi organización promotora de los desórdenes callejeros y de decretar la libertad bajo fianza de otro, el juez Garzón se plantea la posibilidad de exigir responsabilidades civiles a Batasuna (Segi es heredera de Haika, ilegalizada por el mismo Garzón, que a su vez lo fue de Jarrai, las juventudes batasunas) de los daños causados por el terrorismo callejero, tasados en más de dieciocho millones de euros (3.000 millones de pesetas) desde junio pasado (cuando se fundó Segi) ,hasta hoy.
Es sabido que Garzón lleva años investigando las conexiones internas del entramado etarra, intentando reunir las pruebas suficientes para demostrar que la ETA, Batasuna y sus juventudes, el sindicato LAB, Egin-Gara, etc., son una misma cosa. Consecuentemente, es de toda lógica intentar que sea Batasuna, la fachada legal del holding etarra, la que pague los daños causados por la llamada kale borroka.
Aunque esta vez los sumarios del juez Garzón no tendrán que pasar el finísimo tamiz que les aplicaba la tristemente célebre Sección “de puertas abiertas”, el salto cualitativo que supone exigir responsabilidades civiles subsidiarias a una organización por delitos cometidos por sus integrantes exige pruebas claras y contundentes de su implicación directa en la planificación de los delitos. Ojalá las consiga. Sería una gran victoria (material y moral) sobre el entramado etarra el que la justicia pudiera embargar a Batasuna sus bienes y propiedades. Con ello se conseguirían dos objetivos: el primero, indemnizar a los damnificados por la violencia callejera; y el segundo mientras se debate una nueva normativa sobre partidos políticos que permita ilegalizar a Batasuna sin ningún género de reservas restar fuelle económico a los proetarras para que no puedan prodigar sus tropelías con tanta asiduidad.
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