No parece sensato a estas alturas cuestionar que las naciones desarrolladas han de desarrollar políticas de inmigración consecuentes con sus necesidades laborales y con su substrato cultural, pues de lo contrario (como la práctica en España ha demostrado), las masas de inmigrantes sin cualificación, incapaces de encontrar empleo, acaban de un modo u otro en la delincuencia o la marginalidad, o bien constituyendo guetos impermeables a cualquier influencia cultural de la sociedad que les acoge.
Sin embargo, el caso de Cuba merece un análisis aparte. Quienes están dispuestos a liquidar el escaso patrimonio que Castro no ha conseguido confiscarles para escapar de la cárcel que hoy es la isla caribeña y poder venir a España a ganarse el pan en libertad, quizá merezcan una oportunidad. Máxime cuando las numerosas ONG progres, que viven de denunciar malos tratos y supuestos brotes de racismo contra magrebíes y subsaharianos, así como de promover “regularizaciones” indiscriminadas y de promocionar las “peculiaridades culturales” musulmanas, curiosamente no han organizado ninguna campaña de apoyo a estos ciudadanos que huyen del “modelo referencial”.
España, con la exigencia del visado de tránsito a los cubanos —desde el 15 de marzo— está ejerciendo indirectamente de delator al gobierno cubano de todo aquél que desea abandonar el “paraíso del trabajador”. Las razones aducidas para este nuevo obstáculo a la inmigración de los cubanos es que su llegada ha crecido “exponencialmente” (3.000 peticiones de asilo en 2000).
Es evidente que en España seguirán entrando por el Estrecho inmigrantes de forma ilegal (bastantes miles todos los años), como también es evidente que cada cierto tiempo será preciso regularizar a aquellos que hayan logrado integrarse y obtener un puesto de trabajo. Por ello, y si tenemos en cuenta que, en el mundo, probablemente el pueblo cubano es el más próximo culturalmente al español, no parecería descabellado ni excesivo otorgar el estatuto de refugiados políticos a los ocho cubanos —dispuestos a arrostrar una huelga de hambre para conseguirlo— que aún quedan en el Aeropuerto de Barajas. El honor y la dignidad de España (palabras que, aplicadas a una nación, por desgracia han caído en el desuso), exigirían que nuestras autoridades no colaboren con la represión de una de las últimas dictaduras comunistas de la Tierra en un país hermano.
Una oportunidad para los cautivos de Castro
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