Batasuna y la esquizofrenia del PSOE

Ya es lamentable que el PSOE haya dado marcha atrás en su apoyo al texto presentado por el Gobierno para proceder a la ilegalización del entramado político de ETA. Mucho más grave es, sin embargo, que los vocales progresistas del CGPJ hayan hecho seguidismo del partido que les nombró avalando la insostenible objeción de última hora de los socialistas: pretender que sea el Ministerio Fiscal el único que tenga la potestad de promover ante el Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna. ¿Cuál es el fundamento jurídico para pretender que la fiscalía tenga semejante monopolio? Los socialistas rechazan que los representantes políticos o el Gobierno también puedan ejercer esa iniciativa aduciendo que hay que evitar dar a la ilegalización un cariz “partidista”. Es una objeción tan absurda que cae por su propio peso. Los partidos políticos no sólo deben tener el derecho sino el deber de llevar a los tribunales a una formación si creen que esta vulnera la ley. ¿Por qué ha de denigrase como “partidista” esa iniciativa ante los tribunales y, en cambio, no se considera “partidista” la ley misma que regula la ilegalización y que impulsan tanto el PP como el PSOE?

El argumento socialista está aun más injustificado si tenemos en cuenta que serán los tribunales, no los partidos ni el Gobierno, quienes finalmente determinen o no la ilegalización. El “celo” del PSOE y de sus vocales en el CGPJ carece, pues, de todo fundamento y resulta particularmente surrealista cuando la Fiscalía es una instancia dependiente del Gobierno y los socialistas han venido denigrándola sistemáticamente en la figura de Jesús Cardenal al que le acusaban de ser el “abogado general del Gobierno”.

La cuestión de fondo para que los socialistas dieran inicialmente su apoyo al Gobierno y posteriormente dieran marcha atrás con objeciones de tan poco peso obedece a dos razones fundamentales. Por un lado, el PSOE había llegado a la misma tardía convicción del PP de que era insostenible seguir dando amparo legal y subvencionando una formación proterrorista como Batasuna. Además se unía el hecho de que la inmensa mayoría de los ciudadanos –incluido el electorado socialista– no entendería y penalizaría al PSOE si este se negara abiertamente a esa ilegalización.

Por otro lado, sin embargo, el presentarse de la mano con el Gobierno –aún en una cuestión tan esencial para nuestra democracia como es dejar fuera de la ley al entramado político terrorista– suponía un obstáculo para el acercamiento a los nacionalistas exigido por Prisa y acatado por la dirección socialista, primero en Madrid y luego en el País Vasco. Los puentes con los nacionalistas ya habían pasado por encima del cadáver de Redondo Terreros y llevado a los socialistas incluso a negarse junto al PNV a secundar la iniciativa del PP de presentar mociones de censura conjuntas contra Batasuna en varios municipios vascos. El PNV dejó patente una vez más que no estaba dispuesto a pactar nada con los constitucionalistas que pudiera dañar a los abertzales, y el PSOE, por no dejar en evidencia este hecho, tampoco secundó una iniciativa con la que en principio estaba conforme.

Todas estas maniobras de acercamiento a los nacionalistas podrían venirse al traste si los socialistas se presentaran ahora incondicionalmente junto al PP a la hora de ilegalizar Batasuna. Era, pues, necesario hacer algunas objeciones al Gobierno para dejar claro que la etapa de Redondo Terreros estaba muerta y enterrada. Ciertamente, los socialistas no podían negarse frontalmente a la ilegalización de Batasuna, pero sí se podrían hacer perdonar por los nacionalistas presentando “objeciones técnicas” al texto. El País también se puso manos a la obra y en los últimos días ha estado arremetiendo contra el Gobierno acusándolo de creerse “el único interprete válido del Pacto por las Libertades” y publicando una serie de consultas a escogidos “expertos” que avalaran las objeciones socialistas. Poco importa que la mayoría de asociaciones de jueces e, incluso, la Asociación de Fiscales Progresistas respaldasen esta semana el proyecto del Gobierno; la presión de los medios y de los dirigentes socialistas ha sido tan grande que han logrado que sus vocales en el CGPJ avalen una pretensión tan carente de fundamento jurídico como es la de que sólo la Fiscalía General pueda pedir al Tribunal Supremo que decrete la ilegalización de los proterroristas. Mientras tanto, Arzalluz asegura que, sea quien sea quien inste la ilegalización, su partido la recurrirá ante el Tribunal de Estrasburgo...

Algunos bienintencionados dirán que la objeción de los socialistas no es de tanto peso como para que el PP no ceda en pro del mayor consenso posible... Lo mismo, sin embargo, puede decirse al PSOE, con mucha más razón si se tiene en cuenta que este partido inicialmente dio su apoyo al proyecto del Gobierno y las objeciones que plantea ahora no tienen base jurídica ni utilidad alguna. Es evidente que el proyecto del Gobierno es el que más facilidades da para proceder contra Batasuna y aún está por ver que el PSOE opte finalmente por votar en su contra si el Gobierno no cede.

En cualquier caso, la esquizofrenia en la que está instalado el PSOE y su pretensión de equidistancia entre los nacionalistas y el PP no deben ser camufladas por el Gobierno aceptando y dando legitimidad a unas objeciones carentes de todo fundamento. Aznar debe, sin moverse, obligar a los socialistas a afrontar con claridad su dilema. Y tomar buena nota de su decisión para venideras reuniones del Pacto por las Libertades y encuentros con Zapatero...

• Compartir
• Tuitear
• Enviar
• Enviar