No podían haber elegido mejor su nuevo nombre los proetarras. Como el partido nazi hitleriano, son socialistas y nacionalistas, disponen de su propia SA perfectamente organizada —los “chicos de la gasolina”—, de su GESTAPO —los informadores batasunos, Gara y Ardi beltza entre otros—— y de sus propias SS —ETA— encargadas del genocidio de los no nacionalistas.
Durante veinticinco años, los españoles se han cansado de escuchar la necia cantinela —hábilmente utilizada por los recogenueces del PNV— de que ilegalizar a los proetarras provocaría una “fractura social” de incalculables consecuencias en el País Vasco. En nombre de la democracia y del más “absoluto respeto” a todo partido político, por el sólo hecho de serlo e independientemente de la ideología que lo sustentara, se ha tolerado durante demasiado tiempo lo que jamás se debe tolerar en una sociedad mínimamente civilizada: la apología del crimen con fines “políticos”. Y lo peor es que esa “tolerancia” para con los intolerantes no ha producido el resultado que la gran mayoría de la clase política esperaba en la Transición: amansar a las fieras con “músicas democráticas”. Antes al contrario. Como buenos fanáticos, y exactamente igual que los nazis, los batasunos interpretan cualquier gesto conciliador como una muestra de debilidad del enemigo, que debe ser aprovechada al máximo. Y esto es, efectivamente, lo que ha sucedido. No fue el “nacionalismo democrático” el que atrajo al nacionalismo genocida, sino todo lo contrario; del mismo modo que no fue la política “apaciguadora” de Chamberlain y Daladier la que frenó a Hitler, sino la firmeza de Churchill.
Una prueba de que la ilegalización de Batasuna es una de las mejores armas para luchar contra el terrorismo etarra son las reacciones de sus líderes ante la amenaza de quedarse sin cobertura legal para hacer apología del terrorismo y marcar objetivos a ETA, así como también sin las subvenciones y sueldos que los proetarras cobran del erario público. Es por ello por lo que cambian de nombre para evitar su ingreso en la clandestinidad y por lo que amenazan con una “respuesta contundente” a la “acción de guerra” de Aznar, que, según Joseba Permach, coordinador de Batasuna, “alargará el conflicto”.
Sin embargo, estas amenazas, que surtieron efectos en los años de plomo de la Transición, ya no calan ni en la opinión pública ni en los constitucionalistas de verdad. ¿Qué pueden hacer los etarras y sus socios batasunos que no estén haciendo ya? ¿Quemar más autobuses y cajeros automáticos? ¿Asesinar más concejales, periodistas, policías, jueces o militares? ¿Extorsionar a los empresarios? Es lo que han hecho siempre. Su único temor es no poder hacerlo abiertamente, con la facilidad y recursos que el estado de derecho, hasta ahora, les ha venido brindando generosamente, disfrutando de la impunidad que confiere el escaño.
Por desgracia, la nota grotesca e irresponsable viene —como casi siempre— del PSOE: sus vocales en el CGPJ aducen inverosímiles escrúpulos garantistas al proyecto de ley de partidos políticos —escrúpulos de los que carecieron cuando se dejaron caer por la pendiente del crimen de estado—, y Patxi López sólo abre la boca para quejarse de que los Batasunos quieren robarles la “denominación de origen” socialista. Aunque quizá tenga razón el nuevo Secretario General del PSE. No puede permitir que los batasunos le roben lo único que queda de su partido después de la depuración de Redondo y sus partidarios: las siglas.

Nacional-socialistas vascongados

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