No podía ser de otra manera. Los “buenos oficios” del juez Sierra, presidente de la Sala I del Supremo, quien instruyó el expediente disciplinario contra Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, los jueces que dejaron escapar a Carlos Ruiz El Negro, no anunció en vano en abierta ilegalidad, por cierto, pues ya estaba abierta la vía judicial que él no encontraba indicios de delito en sus compañeros de carrera y de asociación Jueces para la Democracia.
Julián Sánchez Melgar, el instructor de la querella por prevaricación formulada contra los tres magistrados por el fiscal Luzón, ha desestimado el recurso interpuesto por este último contra el archivo del caso. Queda el recurso de alzada ante la Sala de lo Penal del Supremo, cuyo ponente será, con toda probabilidad, Enrique Bacigalupo, el mismo que se inventó una condena por prevaricación al juez Gómez de Liaño sobre la base de una “corazonada”, y también el mismo que “olvidó” declarar al fisco español la sustanciosa pensión vitalicia que hasta ayer mismo le abonaba su paupérrimo país de origen, Argentina, por unos pocos meses de trabajo; algo que, al parecer, es perfectamente compatible con el enjuiciamiento de delitos económicos, su especialidad, ya que, hasta el día de hoy, no ha presentado aún su dimisión.
El abogado del psiquiatra de Valdemoro, quien elaboró el informe que “permitió” excarcelar a El Negro se le imputaba haber introducido 10 toneladas de cocaína en España y para quien el fiscal del caso pedía 60 años de cárcel y 70.000 millones de multa por la módica suma de 5 millones de pesetas, fue profético en sus declaraciones a La Linterna de la COPE: “¿Quiere que le haga un pronóstico de cómo va a acabar todo esto? Apartarán a los jueces. Luego intentarán salvarlos porque no encontrarán pruebas y tendrán que buscar una cabeza de turco”. Es decir, su cliente. De momento, parece que ha acertado de pleno.
Si ni Sierra ni Melgar han encontrado indicios de delito en la actuación de Cezón, López Ortega y Ollero, puede que Bacigalupo sí, ayudado de la “impecable” doctrina sobre la prevaricación “indiciaria” que acuño ex profeso para poder crucificar a Gómez de Liaño a petición de Jesús de Polanco, al parecer, el único ciudadano cuya persona, junto con la de Su Majestad el Rey, es inviolable, aunque en la Constitución no figure su nombre.
También cabe la posibilidad mucho más probable de que, en uno de sus alardes dialécticos a los que nos tiene acostumbrados, Bacigalupo se las ingenie para desdecirse de toda su doctrina anterior sin enrojecer ni perder el decoro suponiendo que alguna vez lo haya tenido, dada su trayectoria profesional. Sólo a algunos “retorcidos” se les ha ocurrido la idea de que el argentino pensionado, para no tener que desdecirse, emita un voto particular en contra del archivo de la querella, habiéndose asegurado previamente la mayoría de votos favorables a enterrar el caso. Aunque, de nuevo, dada la trayectoria del personaje, no cabe descartar completamente esta última posibilidad.
Si a Cezón, López Ortega y Ollero hubiera que aplicarles la “doctrina Bacigalupo” con todo su rigor, no habría pena suficientemente severa para condenarlos, ni sima suficientemente profunda en el infierno para castigar su pecado. Pero, de momento, siguen en la carrera judicial y, a la espera de que se resuelva el expediente disciplinario que instruyó Sierra siete meses de suspensión y, consiguientemente, pérdida de sus destinos en la Audiencia Nacional con la benevolencia de un padre, ya han pedido su traslado a la Audiencia de Madrid, el cual se decidirá la próxima semana.
En definitiva, siete meses de vacaciones para que todo el mundo se olvide de la famosa Sección Cuarta, y vuelta a empezar en un nuevo destino. Teniendo en cuenta este caso, el de Liaño, el reciente de Otegi y las anteriores excarcelaciones de proetarras pocas esperanzas hay de que prospere la ilegalización de Batasuna en estas circunstancias, las resoluciones judiciales favorables a los okupas, etc., la reciente petición de respeto y acatamiento a las resoluciones judiciales firmada por los miembros del CGPJ suena a sarcasmo impertinente. Habrá que seguir acatando las resoluciones judiciales, sí, pero ya no por convicción, sino por imperativo legal... mientras no se tomen las medidas oportunas para depurar en origen la carrera judicial de los intereses políticos y corporativos que la están carcomiendo.
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