El lunes, el presidente del Gobierno, José María Aznar, expresó con todo acierto y contundencia, en el Palacio de Marivent, el sentir de la inmensa mayoría de la sociedad española respecto del conglomerado ETA-Batasuna. En efecto, los españoles ya están hartos y sienten una “repugnancia insoportable” por el hecho de que “la basura que son los dirigentes de Batasuna sigan paseándose libremente, impunemente, por las calles, mientras que los españoles tenemos que enterrar víctimas inocentes, niños incluidos”.
La ilegalización de Batasuna, además de ser políticamente conveniente para privar al PNV de su ya desacreditada reputación de moderantismo y de eje necesario para la solución del “conflicto” vasco, se ha convertido ya en un imperativo ético que impone la más elemental higiene política dentro de un estado democrático y de derecho. Así lo han entendido los principales partidos de la democracia española, PP y PSOE, que han impulsado la Ley de Partidos.
La nueva ley, en su artículo 9.3.a) establece que “dar apoyo político expreso tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta” serán causas válidas de ilegalización cuando se repitan o se acumulen. Por tres veces, el lunes, los ediles batasunos de los ayuntamientos de Vitoria, de Pamplona y de San Sebastián se negaron –como es habitual– a suscribir las mociones y documentos de condena por el atentado de Santa Pola. Los líderes batasunos, con su nauseabundo cinismo habitual– incluso responsabilizaron al presidente del Gobierno por su “intransigencia”.
Sin embargo, estas negativas y desplantes, de acuerdo con el texto de la nueva ley, pueden tener consecuencias. Aunque, en principio, puede alegarse que el simple silencio ante dos asesinatos cometidos por motivos “políticos” no constituye materia de ilegalización –como ya ha manifestado Jueces por la Democracia en su acostumbrada línea “garantista”–, es evidente que la Ley de Partidos contempla tanto las acciones positivas como las omisiones flagrantes, tal y como ha manifestado la Asociación Profesional de la Magistratura, pues en otro caso se estaría vulnerando la letra y el espíritu de la ley, que prevé expresamente como causa de ilegalización el apoyo tácito a las acciones terroristas.
Es evidente que, en esta indispensable operación de saneamiento de la vida política española en general y de la vasca en particular, no se podrá contar con PNV ni con EA, cuyos líderes ya han manifestado reiteradamente su oposición a la ilegalización de Batasuna e incluso contemplan en su órdago a la democracia española la creación de un “marco jurídico-político propio”. Por ejemplo, Iñigo Urkullu, presidente del PNV vizcaíno, ha señalado que el pasado lunes no era momento de hablar de la ilegalización, sólo y exclusivamente de denunciar la barbarie de ETA y de dialogar sosegadamente separando –como si no estuvieran íntima e inseparablemente unidos– la violencia de los problemas políticos. Algo muy parecido a lo que afirmó el edil batasuno de Pamplona, quien hizo “un llamamiento a todos los agentes sociales y políticos para que conjuntamente promovamos un escenario de paz y democracia para este pueblo”.... La paz del cementerio o del exilio para el disidente y la “democracia” de partido único del “modelo referencial” cubano que tanto elogió Ibarretxe cuando visitó la isla.
La voluntad del Gobierno, que expresa el sentir mayoritario de la sociedad española, es aplicar cuanto antes la nueva Ley de Partidos a Batasuna. Sólo la obsesión de la progresía judicial por encontrar pretextos para no aplicarla –como sucedió con el Gora ETA de Otegui en Francia respecto del Código Penal– puede interponer incómodos obstáculos en el camino hacia la extirpación del cáncer batasuno. Sin embargo, es tanta la desfachatez y la impunidad con la que hasta ahora los responsables de los crímenes de ETA, en palabras de Aznar, “se están paseando como auténticos chulos por las calles del País Vasco” que no tardarán en manifestarse abierta y públicamente a favor de ETA de tal modo que ni siquiera los jueces más “garantistas” o medrosos puedan eludir el cumplimiento de su obligación, que no es otra que aplicar la ley.
Ilegalizar Batasuna
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