Tarea de titanes para Uribe

La muestra más palpable del tremendo fracaso de la presidencia de Pastrana en Colombia son las condiciones en que se producirá el traspaso de poderes a su sucesor, Álvaro Uribe. Los narcoterroristas de las FARC han intensificado sus acciones violentas, coincidiendo con la investidura del presidente electo, quien asumirá su cargo bajo impresionantes medidas de seguridad. Al menos 20.000 agentes se encargarán de proteger al nuevo presidente y a las personalidades invitadas –entre las que se encuentra el príncipe Felipe– al acto de investidura que, por motivos de seguridad, se celebrará a puerta cerrada.

Algo que jamás debe hacer un gobierno legítimamente constituido dentro de un estado democrático y de derecho es reconocer abierta o tácitamente el estatuto de beligerante a un grupo armado y organizado dentro de sus fronteras y en contra de la legalidad vigente, pues ello implica reconocer la existencia de un estado dentro del estado. Aun a pesar del evidente fracaso –no podía ser de otra manera– de la política de negociaciones y cesiones territoriales a los narcoterroristas –que han constituido un emporio de producción de estupefacientes en la eufemísticamente llamada “zona de exclusión”–, el gobierno de Pastrana todavía intentó horas antes de la expiración de su mandato un “intercambio humanitario de rehenes” con las FARC, en el que, a cambio de la liberación de una serie de personalidades secuestradas por los insurgentes, Pastrana proponía la excarcelación de cuarenta narcoterroristas, en abierta violación del principio más básico de un estado de derecho: la igualdad ante la ley.

Para evitar la descomposición de Colombia, Álvaro Uribe tendrá que empezar por recuperar el terreno –físico y político– que Pastrana ha cedido a la narcoguerrilla, la cual, a pesar de ser la más antigua, poderosa y sangrienta del continente (40 años, miles de secuestros y decenas de miles de asesinatos) jamás debió ni debe ser tratada como una especie de “nación rival” con la que se mantienen ciertas disputas razonables que pueden llegar a solventarse mediante acuerdos pacíficos. Afortunadamente, Uribe da muestras de haber aprendido las lecciones que se derivan del periodo de Pastrana, y si bien contempla algún tipo de negociación con los narcoterroristas, ésta parece limitarse al único tipo de acuerdo al que se puede llegar con un terrorista: entrega de las armas a cambio de medidas de indulgencia.

Uribe no tiene una tarea fácil por delante. Además de la amenaza militar que supone una guerrilla fortalecida por las cesiones de Pastrana y por los cánones de protección que recibe de los narcotraficantes que operan en las zonas bajo su control, el nuevo presidente tendrá que enfrentarse a unos medios de comunicación y una administración –particularmente la de Justicia– carcomidos e infiltrados por agentes y partidarios de las FARC, cuya constante labor de intoxicación y propaganda contra las fuerzas armadas colombianas ha logrado apartar de la lucha contra los terroristas a los mejores oficiales del ejército y la policía. A ello, y como efectos colaterales, se añaden la inseguridad ciudadana respecto de los delitos comunes (más de 20.000 muertos y 3.500 secuestros al año) y el consiguiente estancamiento económico.

Sin embargo, Uribe tiene la fortuna de contar con un ejército leal que jamás se ha alzado contra el Gobierno (el único de hispanoamérica) y de no padecer, aun a pesar de lo crítico de su situación, los problemas monetarios que aquejan a gran parte del Cono Sur. Si a ello se añade el hartazgo de los colombianos, que parecen haber advertido que en la derrota definitiva de los terroristas se juegan el ser o no ser de su nación, y la buena disposición de los norteamericanos, que después del 11-S consideran el terrorismo como la plaga del siglo XXI, la tarea de Uribe, aunque titánica, no cae en el ámbito de lo imposible.

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