Aunque la nueva Ley Orgánica de Partidos faculta al Ejecutivo para iniciar directamente el proceso de ilegalización de Batasuna, el Gobierno, acertadamente, ha optado por suspender las vacaciones parlamentarias y que sea el Congreso el que dé el primer paso para situar fuera de la ley a los proetarras. Además de recabar el consenso de todas las fuerzas políticas verdaderamente democráticas, la vía parlamentaria tiene la virtud de dejar en evidencia y sin argumentos a quienes pretenden escudarse en una supuesta pureza democrática para no apoyar una operación de saneamiento político que debía haber tenido lugar hace muchos años.
La tradicional soberbia y chulería de los batasunos, así como la prolongada impunidad en que han vivido desde la Transición, explican las declaraciones que Otegi hizo después de la junta de portavoces del Parlamento de Vitoria, que se reunió para aprobar un documento condenando el atentado de Santa Pola. El líder batasuno, aun a pesar de que la Ley de Partidos está en vigor y dispuesta para ser aplicada, no sólo no ha condenado el atentado de Santa Pola –como cabía esperar–, sino que, además de exculpar a ETA y responsabilizar al Gobierno del asesinato de dos inocentes, ha pedido nada menos que un “plante democrático al estado español” y la “movilización del pueblo vasco”, instando a Ibarretxe a protegerles de la “constante injerencia del estado español en nuestra vida política, social e institucional”. En esta cascada de nauseabundos cinismos y desplantes –insistimos, fruto de la prolongada impunidad de los proetarras– ya existe material más que suficiente –ni siquiera el ala más extremista de Jueces para la Democracia podrá negarlo– para iniciar el proceso de ilegalización de los proetarras. Así lo ha entendido y manifestado el portavoz del CGPJ.
De momento, el PP cuenta con el inequívoco apoyo del PSOE y el prácticamente seguro de Coalición Canaria. Evidentemente, los partidos gobernantes en Vitoria (PNV, EA e IU) que suscribieron el “órdago” al estado de derecho votarán en contra. Aparte de las fuerzas del Grupo Mixto, queda la incógnita de CiU, que, si bien apoyó la aprobación de la nueva Ley de Partidos, ahora interpone peregrinas excusas formales para no tener que pronunciarse abiertamente a favor de la ilegalización de Batasuna. El secretario general de CDC, Pere Macias, no estima oportuno que el Congreso se tenga que pronunciar sobre la ilegalización de Batasuna, y ha precisado, además, que si finalmente lo hace, "no es demasiado probable" que los diputados de CiU voten a favor. Aunque poco después Durán Lleida matizara esta postura, remitiendo la decisión final a los órganos directivos de la coalición, cualquiera puede ver que los nacionalistas catalanes, que también tienen exigencias competenciales que plantear al Gobierno, no quieren perder las buenas relaciones que mantienen con los nacionalistas vascos para poder presionar conjuntamente. Preferirían que el Ejecutivo asumiera la responsabilidad en solitario sin implicarles a ellos, lo que muestra una vez más que los nacionalistas catalanes, si bien conservan todavía la cabeza sobre los hombros, siguen anteponiendo –como sus colegas vascos– la “construcción nacional” a la lealtad institucional y la defensa de la libertad.
Batasuna ha cruzado el Rubicón
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