Garzón: ahora por genocidas

Al juez Garzón se le ha achacado muchas veces –y no sin razón– un afán de protagonismo, notoriedad y oportunismo poco compatible con la imagen de circunspección, desapasionamiento y neutralidad propias de un alto magistrado. Sin embargo, sería mezquino e irresponsable no reconocerle sus grandes méritos en la lucha contra el entramado de ETA-Batasuna.

Hasta Garzón, ningún juez se había planteado seriamente demostrar la vinculación de ETA y Batasuna y la responsabilidad directa de esta última en la organización de la kale borroka. Tras una larga y paciente labor de investigación, Garzón reunió los indicios probatorios suficientes como para suspender las actividades de Batasuna y embargar sus bienes en concepto de responsabilidad civil por los daños que los cachorros de ETA causan en sus algaradas a la propiedad privada, poniendo así coto a la absoluta impunidad con la que la división política de ETA había venido apoyando las actividades de sus "hermanos mayores".

Una vez que Batasuna ha quedado neutralizada económica e institucionalmente, a la espera del proceso de ilegalización instado por el Gobierno y pese a que Ibarretxe cuente con los proetarras para debatir el proyecto de Eusko Rico, el magistrado decidió el miércoles dar un paso más en la lucha contra la versión radical –si es que aún queda una versión "moderada"– del totalitarismo nacionalista. Garzón ha solicitado información a las instituciones del País Vasco y del resto de España para demostrar, en sus palabras, "la ejecución, primero larvada y luego abierta y paulatina, de una auténtica limpieza étnica de baja intensidad por parte del complejo terrorista". Es decir, Garzón pretende reunir pruebas que le permitan acusar a Batasuna de crímenes de lesa humanidad, uno de los cuatro delitos que juzgará el Tribunal Penal Internacional junto al genocidio, los crímenes de guerra y los de agresión. El Estatuto de Roma define el crimen de lesa humanidad como ataques generalizados o sistemáticos a una población civil, que pueden manifestarse con el asesinato, el exterminio, el traslado forzoso o la persecución de grupos con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales o religiosos; así como también los actos que causen grandes sufrimientos a esos grupos o que atenten contra la integridad física de sus integrantes.

Aunque las iniciativas de Garzón se han caracterizado en muchas ocasiones por su difícil encaje en el ordenamiento jurídico, en esta ocasión no es nada descabellado imputar a Batasuna el delito de limpieza étnico-política. No otra cosa son los más de 1.000 asesinatos y los 200.000 ciudadanos vascos que tuvieron que exiliarse para conservar la vida o la dignidad, o bien el hecho de que para ejercer una actividad política, periodística o empresarial que se oponga a las tesis nacionalistas es necesario compartir la vida cotidiana con los escoltas.

Como ya es habitual, el PNV ha reaccionado echando un capote a sus compañeros de viaje a la "nueva Jerusalén" nacionalista, limpia de pecados maketos. A Anasagasti, concretamente, no se le ha ocurrido otro disparate mejor que exhumar de nuevo los GAL o contraatacar acusando al PP de no condenar la guerra civil... ¡que dio origen a ETA! Si no fuera porque ya estamos acostumbrados a sufrir con indiferencia las mistificaciones y las falsificaciones de la historia que a diario perpetran los nacionalistas, habría que considerar también la posibilidad de encausar a Anasagasti por apología o justificación del terrorismo.

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