El Gobierno central podría pedir a varias empresas españolas con sede en el País Vasco que trasladen la misma a otra parte del territorio nacional si el lehendakari Juan José Ibarretxe materializa su plan soberanista. Desde luego, la idea del Ejecutivo es bastante buena, porque la independencia del País Vasco es inviable si no cuenta con una base económica que la sustente, es decir, con bancos y empresas fuertes que permitan a los ciudadanos vascos seguir disfrutando de un elevado nivel de vida, mediante salarios, beneficios empresariales y prestaciones públicas, como las pensiones, que sólo son posibles si hay compañías instaladas y con sede allí.
El País Vasco, de hecho, es deficitario en materia de Seguridad Social, esto es, los ingresos por cotizaciones sociales no bastan para pagar las pensiones de los jubilados vascos. En consecuencia, la independencia supondría un déficit en el sistema de pensiones que, o bien se cubre con aumentos de las cotizaciones sociales, o bien mediante el recorte de las prestaciones, o bien con otros impuestos. Lo malo es que si se marchan las empresas del País Vasco, la Hacienda foral perderá mucho dinero, posiblemente más de 600 millones de euros para un presupuesto de gastos del orden de 3.000 millones de euros, a lo que habría que unir también la pérdida directa e indirecta de puestos de trabajo y de cuota de mercado para los productos vascos en España y en la UE.
Con las ayudas de la Unión Europea ocurriría tres cuartos de lo mismo. Según los expertos en Derecho Internacional, si el País Vasco se independiza tendría que solicitar su ingreso en la Unión Europea, lo que no se produciría de forma automática porque primero tendría que ser reconocido como Estado independiente por la ONU e ingresar en ella, un proceso que llevaría años. Mientras tanto, se acabarían las ayudas comunitarias, que representan una parte nada desdeñable del presupuesto vasco, y las exportaciones se verían penalizadas por aranceles, ya que ese País Vasco dejaría de formar parte de la unión aduanera que es la UE. La independencia, por tanto, no es rentable desde el punto de vista económico. Eso es lo que teme Confebask, la patronal vasca, y eso es con lo que juega el Gobierno central para abortar los planes de Ibarretxe.
No obstante, la estrategia de trasladar las sedes empresariales no es tan fácil de aplicar. Primero, una sede no se traslada así como así, sino que el proceso lleva tiempo. Segundo, y lo que es más importante, los activos en el País Vasco de las empresas erradicadas allí que quisieran marcharse podrían convertirse en objetivos de los terroristas y de la kale borroka, lo que llevaría a las compañías a plantearse su repliegue, con lo que habría que preguntarse hasta qué punto estarían dispuestas a secundar los planes del Gobierno central. Claro que también habría que preguntarse si estarían dispuestas a seguir allí si Ibarretxe ejecuta sus planes. Y la respuesta a esta cuestión no es fácil.
El coste de la independencia
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