Los nacionalistas, que no pueden sobrevivir si no es en un ambiente de conflicto permanente fabricado por ellos mismos, han buscado siempre la forma de mantener el modelo definitivo de Estado en la indefinición permanente, empleando la lasitud constitucional y la debilidad de los gobiernos nacionales en minoría parlamentaria como instrumentos posibilitadores de una estrategia de constantes reivindicaciones competenciales cuyo fin es la independencia de facto, para forzar después la de iure. Habida cuenta de que su objetivo último es la “nueva Jerusalén” tribal y milenarista de la secesión –aunque ello signifique, con toda seguridad, la ruina económica y la pérdida de las libertades en los territorios donde ellos gobiernan– hay que reconocer que su estrategia de constante erosión y difamación de todo lo que signifique la idea de España es plenamente coherente con sus planteamientos.
En estas circunstancias, la conservación de la unidad de España y del marco jurídico que la garantiza, depende de que los dos principales partidos nacionales, PP y PSOE, mantengan un consenso básico respecto de la forma definitiva de Estado que cierre el paso enérgicamente a cualquier aventura secesionista, sea cual sea el partido que gobierne. Aun a pesar de que el PP ha cometido errores graves en esta cuestión –algunos forzados, como la entrega a Pujol de la cabeza política de Vidal Quadras; otros gratuitos, como la vergonzosa negociación con los terroristas de ETA en la tregua-trampa o la designación de un nacionalista camuflado como Piqué como candidato a la Generalitat de Cataluña– puede decirse casi con toda seguridad que es el único partido nacional que tiene una idea clara de España, no susceptible de negociación más allá de ciertos límites. Aunque todavía está por ver si en la reciente deriva “centrista” del PP se contempla la posibilidad de esgrimir sin complejos el Art. 155 de la Constitución cuando el delirante proyecto de Ibarretxe inicie su andadura.
Sin embargo, el PSOE, aunque en sus siglas figure la E de España, dista mucho de tener una posición homogénea respecto del modelo definitivo de Estado, y ha hecho suyas en gran parte, so capa de progresismo, las insidias y falsedades de los nacionalistas respecto de la idea de España; no tanto por convicción propia –que también– como por alianza estratégica –inspirada por González y Cebrián– contra el adversario político común, el PP, para mantenerlo alejado del poder a cualquier precio.
La mezquindad y estrechez de miras de este planteamiento, unida a un débil liderazgo de Zapatero, hipotecado por la vieja guardia del PSOE, ha dado alas al sector centrífugo del partido, liderado por Maragall, López y Elorza, que están dispuestos a asumir la ruptura del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y el posterior desmantelamiento de España, con tal de lograr un entendimiento con los nacionalistas que les permita algún día “heredar” políticamente los regímenes excluyentes que éstos han forjado. Este es el sentido de las fabulaciones de Maragall sobre el federalismo asimétrico y la exhumación de la antigua Corona de Aragón, de sus ataques al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y a la Ley de Partidos, y de la defensa del constante diálogo con Ibarretxe, que comparten tanto Maragall como el sector “vasquista” del PSE, liderado por López, Elorza y Eguiguren.
Negro panorama le espera a España si el PSOE de Zapatero llega a La Moncloa –sobre todo si lo hace en minoría parlamentaria– habida cuenta de la fuerte dependencia del leonés respecto del sector centrífugo de su partido, puesto que no hay que olvidar que Maragall votó su candidatura en el Congreso del PSOE, que Odón Elorza controla junto con Eguiguren el PSE guipuzcoano y que Patxi López –el candidato de González para el PSE– sólo espera que Ibarretxe baje un poco del monte para renovar los pactos de gobierno con el PNV.
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