Una de las promesas estrella del PP en sus campañas electorales fue introducir el cumplimiento íntegro de las penas para los delitos de terrorismo en el malhadado Código Penal de la Democracia de Belloch. Han tenido que pasar seis años –y más de cuarenta muertos sólo desde enero de 2000, cuando ETA dio por terminada la tregua-trampa– para que el Gobierno se decida a impulsar las reformas necesarias en el Código Penal que conviertan en realidad esa promesa.
El asesinato del agente de la Guardia Civil Antonio Molina –cuyo sacrificio, con toda seguridad, ha evitado centenares de muertes en Madrid– y los posteriores reproches de su familia a la Justicia tienen, a buen seguro, mucho que ver con el anuncio del ministro de Interior, Ángel Acebes –que antes lo fue de Justicia– de la modificación del Código Penal para introducir el cumplimiento íntegro de las penas –un máximo de 30 años en nuestro ordenamiento jurídico– para los delitos de terrorismo.
Los terroristas que asesinaron al agente Molina, y que iban a sembrar la muerte y el terror en la Nochevieja madrileña con una serie de coches bomba, tendrían que haber estado en la cárcel si el Gobierno hubiera demostrado más diligencia en el cumplimiento de su promesa electoral. Gotzon Aramburu Sudupe, quien aprovechó la libertad provisional –concedida a la espera de que el Tribunal Supremo confirmase la condena a cinco años de cárcel dictada por la Audiencia Nacional– para huir e integrarse en ETA, y Jesús María Etxeberria, sentenciado en 1989 a 36 años de prisión y en libertad después de cumplir sólo trece, son una muestra palpable de que la abnegación, la eficacia y la profesionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado –en 48 horas, la “estructura operativa” de ETA ha sido prácticamente desmantelada– sirven de poco si la Justicia no cumple adecuadamente su función natural: garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos; de la cual, la rehabilitación del delincuente –fracasada, obviamente, en el caso de los etarras, como bien ha señalado la familia del agente asesinado– ha de ser un objetivo subsidiario.
Es preciso, pues, felicitar al Gobierno, y especialmente a Ángel Acebes, por decidirse al fin –aunque con retraso– a hacer realidad una aspiración de la inmensa mayoría de los ciudadanos. En pocas ocasiones puede recurrirse con mayor justicia y certeza al vidrioso concepto de “alarma social” como en la facilidad con que los etarras se acogen a unos beneficios penitenciarios ideados como recompensa a la rehabilitación del delincuente, y que muchos jueces han venido administrando más o menos mecánicamente.
Ante el lema de la manifestación contra ETA que ha convocado Ibarretxe –ETA kanpora, ETA fuera, ¿de la cárcel, cabría preguntar?–, una trampa destinada a hacer comulgar al PP con las ruedas de molino nacionalistas, los auténticos demócratas tendrían que oponer otro mucho más acorde con una intención sincera de eliminar a ETA-Batasuna: ETA barrura. Es decir, ETA dentro... de la cárcel, naturalmente.
ETA barrura
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