Cumplimiento íntegro de una promesa electoral

Han tenido que pasar casi siete años –y, por desgracia, más de cuarenta muertos– para que el PP se decida a hacer realidad una de sus promesas electorales más emblemáticas: el cumplimiento íntegro de las penas para los delitos de terrorismo. Ha sido precisamente Iñaki Anasagasti, el portavoz del PNV en el Congreso –del adversario, el consejo–, quien se ha encargado de recordar que “no es nada nuevo, Aznar lo quiso hacer en 1996, pero como no tenía mayoría absoluta no lo pudo llevar a cabo”. Aunque también hay que decir que el PP lleva casi tres años disfrutando de la mayoría absoluta –precisamente los más escasos en reformas y los más claudicantes ante los poderes fácticos– que muy bien podría haber empleado –sobre todo después del Pacto Antiterrorista con el PSOE– en llevar a término una reforma que hace ya mucho tiempo viene demandando la inmensa mayoría de la sociedad española, y especialmente las víctimas del terrorismo.

Al parecer, España, según José María Aznar, “se ha sacudido los complejos que dejaban impunes el terrorismo callejero, la exaltación del terrorismo y la humillación de las víctimas”. Aunque sería quizá mucho más exacto decir que ha sido la clase política –especialmente el centro-derecha– la que se ha liberado de la inercia claudicante ante los nacionalistas, con quienes se consensuaban las líneas generales de la política antiterrorista hasta que decidieron quitarse la careta de demócratas en Estella. La sociedad española hace ya mucho tiempo que clama por una actitud severa para con los terroristas, que sea acorde con la gravedad de sus crímenes.

Y ha sido precisamente cuando se ha empezado a hacer lo contrario de lo que los nacionalistas recomendaban –es decir, dispersar a los presos etarras, intensificar la “solución policial” e ilegalizar Batasuna– cuando la capacidad asesina de ETA y los desórdenes callejeros han experimentado una dramática disminución. La dispersión de los presos ha permitido a muchos de ellos empezar a recuperarse del lavado de cerebro y de la constante presión intimidatoria a que se veían sometidos por parte de la dirección etarra –no hay que olvidar el caso de Yoyes. La eficacia de las Fuerzas de Seguridad del Estado ha reducido sensiblemente tanto los atentados de ETA como la esperanza de una inverosímil “solución política” a la dictadura de las pistolas y los coches-bomba, anhelada tanto por ETA-Batasuna como por el PNV. En cuanto a la ilegalización de Batasuna, no sólo no ha provocado una “fractura social” –en palabras de los popes del nacionalismo vasco– sino que ha hecho disminuir sensiblemente el número de las algaradas callejeras que protagonizaban los miembros y simpatizantes de ETA-Batasuna, quienes no se distinguen precisamente por su “valentía” cuando caen en manos de la Policía o de la Guardia Civil.

Quedaba por cubrir únicamente el flanco jurídico-penal para que la lucha contra el terrorismo pudiera dar todos sus frutos. Sin perder de vista las pifias de la Audiencia Nacional, han sido los jueces de vigilancia penitenciaria quienes en gran medida han embotado el filo de la Justicia al aplicar mecánicamente a los terroristas las disposiciones del Código Penal relativas a los beneficios penitenciarios. Concretamente, una interpretación abusiva del Art. 78 “... el Juez de Vigilancia Penitenciaria, valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo, la evolución del tratamiento reeducador y el pronóstico de reinserción social, podrá acordar razonadamente, oído el Ministerio Fiscal, la aplicación del régimen general de cumplimiento”, donde ese podrá se ha transformado de facto en deberá, ha sido la responsable –entre otros muchos casos– de que el guardia civil Antonio Molina tuviera que entregar su vida para que unos asesinos que deberían haber estado en la cárcel no sembraran de cadáveres las navidades madrileñas.

Por desgracia, una vez más se demuestra que los poderes públicos casi nunca reaccionan enérgicamente ante los problemas hasta que sus consecuencias, además de ser dramáticas, adquieren tintes esperpénticos. Véase si no el caso de Roldán, quien disfruta de beneficios penitenciarios cuando aún le queda por devolver el 90 por ciento de lo que robó y que servirá de referencia para la otra vertiente de la reforma del Código Penal, cuyo anteproyecto presentará el Gobierno el próximo 3 de enero: la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios hasta que no se reintegren los fondos sustraídos en el ejercicio de un cargo público.

Con todo, nunca es tarde para rectificar, y es preciso felicitar al Gobierno por su iniciativa y por la celeridad con que la pretende llevar a cabo. Sólo queda esperar que el PSOE, molesto porque Arenas no ha convocado al efecto una reunión del Pacto Antiterrorista, se abstenga poner obstáculos, de exhibir remilgos o de buscar segundas intenciones a una reforma tan necesaria como inexplicablemente preterida, de cuyo retraso también es responsable, como mínimo en la misma proporción que el PP.

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