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Venezuela se militariza

La Policía Militar arroja bombas lacrimógenas y perdigones a pacíficos manifestantes mientras, detrás de alambres de púas, tanquetas del ejército vigilan a miles de personas que agitan sus banderas y hacen sonar sus cacerolas; barcos de la petrolera PDVSA y de la marina mercante son ocupados por tropas de choque que vejan y detienen a sus tripulaciones; los campamentos petroleros son asaltados por las fuerzas armadas mientras el comandante del ejército afirma que no aceptará los fallos del Tribunal Supremo que vayan en contra del gobierno; hasta el Presidente del Congreso, como muchos ministros y altos funcionarios, son militares retirados, amigos del presidente que participaron en la sangrienta intentona golpista que fracasó el 4 de febrero de 1992. ¿Está cayendo Venezuela bajo una dictadura militar, dirigida por un caudillo de izquierda impotente para gobernar el país por otros medios?

La respuesta es afirmativa, pero sólo en parte. Es cierto que, de los muchos apoyos que tenía, a Chávez sólo le queda ahora un escuálido porcentaje de la población y la lealtad de unas fuerzas armadas que se encargó de purgar y poner a su servicio durante los cuatro años que ya lleva en el poder. Pero es cierto también, y hay que decirlo para no caer en exageraciones, que no hay líderes opositores presos, que los medios de comunicación todavía transmiten sin restricciones y que el gobierno hasta ahora se ha negado a utilizar el estado de excepción para controlar las gigantescas protestas. Chávez no es en la práctica un dictador, lo que confunde a muchos en el extranjero, pero no lo es por razones muy distintas a las que la benevolencia de muchos imagina.

El problema del gobierno, en los hechos, es que no es reconocido como legítimo por un porcentaje abrumador de los ciudadanos, probablemente muy cercano al 75% de la población: no se trata de una simple oposición, como la que hay en todos los países democráticos del mundo, ni lo importante en esta afirmación es el número, la cantidad de quienes no lo aceptan, que según diferentes encuestas puede variar un poco alrededor de esa cifra. Lo que cuenta es la decisión de millones de personas que no se quieren dejar avasallar, que enfrentan cada medida del gobierno, que repudian las mentiras oficiales y los intentos que se hacen por imponer en el país una revolución similar a la cubana.

Los venezolanos se han opuesto, en los últimos dos años, al control estatal de las escuelas privadas y al uso de la educación como herramienta ideológica del régimen. Han recusado la burda maniobra con la que se trató de controlar a los sindicatos obreros –hoy parte fundamental de la lucha– y los decretos con fuerza de ley con los que se pretendían imponer las expropiaciones de tierras y legitimar las invasiones a terrenos y fincas. Se han alzado contra los insultos a la Iglesia, contra el intento de apoderarse de los medios de comunicación y contra la corrupción descarada que hoy impera.

Chávez ha tratado una y mil veces de imponer su dictadura, lo sigue haciendo ahora, pero no ha podido superar la resistencia de un número creciente de ciudadanos, cada vez más conscientes, cada vez más decididos. Por eso no puede decretar medidas de emergencia, porque sabe que nadie las acataría y tendría que apelar al uso descarnado de la violencia con unos militares que, aunque sumisos, podrían dejar de serle fieles más allá de cierto punto. Por eso se niega obstinadamente a aceptar cualquier forma de consulta electoral que es lo que ahora reclama la mayoría. Por eso utiliza el recurso de sus bandas de alborotadores, a veces armados, que actúan como fuerzas de choque cada vez que se las convoca... y se les paga.

Por todas estas razones Chávez no puede triunfar y el paro cívico, aunque impone fuertes costos a la población y al país, continúa y hasta cobra más fuerzas por momentos. De nada le valdrá al impotente caudillo militarizar cada vez más al país: con eso sólo irá desenmascarándose ante la opinión pública internacional y debilitando a un ejército que, muy probablemente, tenga que pagar pronto por los actos de barbarie de los que es responsable.

Carlos Sabino es corresponsal de la agencia © AIPE en Caracas

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