Quienes sostienen que el cierre de cualquier periódico o medio de comunicación por parte de las autoridades es un atentado contra derechos fundamentales recogidos en artículo 20 de la Constitución –la libertad de expresión y el derecho a dar y recibir información veraz–, olvidan que ese mismo precepto constitucional, en el apartado 4, dice que “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título”, el primero, de los derechos y deberes fundamentales, que recoge, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad personal, a la participación en los asuntos públicos, a fijar libremente la residencia y a la libertad de enseñanza.
El cierre cautelar del diario Egunkaria, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, tiene como objeto precisamente evitar que ETA –que, según el juez, ha intervenido directa o indirectamente en su fundación y financiación, así como en la elección de sus directivos– siga utilizándolo como altavoz de su proyecto totalitario y criminal que niega abiertamente para los no nacionalistas esos derechos fundamentales. Bajo el pretexto de impulsar la lengua euskérica –abundantemente subvencionado por el Gobierno vasco, hasta el punto de que, en media, del precio final del diario, 0,20 euros (unas 33 pesetas) eran dinero público–, Egunkaria ha servido de altavoz de la ideología totalitaria y criminal de ETA, la cual atenta contra la vida, la libertad personal, la participación en los asuntos públicos y la libre elección del lugar de residencia de quienes se declaran no nacionalistas. Aunque es cierto que no son las ideas ni los periódicos los que delinquen, sino las personas –del mismo modo que no son las pistolas las que asesinan, sino quienes las empuñan– no es menos cierto que cuando se detiene a un mafioso, la primera medida es incautarse de sus armas y de los medios que utilizaba para delinquir –sean cuales sean–, con el objeto de que no caigan en manos de otros miembros de la organización que puedan continuar las actividades delictivas. Más aún en el caso de los proetarras, quienes, además de ser nacionalistas, son sobre todo leninistas; es decir, emplean todos los recursos que la democracia liberal les ofrece para combatirla y destruirla.
Sin embargo, el precintado diario Egunkaria no es más que la punta del iceberg de la política de euskaldunización forzada impulsada por el Gobierno vasco y gestionada por la izquierda proetarra con su connivencia. Es notorio que el aprendizaje del vascuence en el País Vasco está controlado en su mayor parte por los batasunos a través de las ikastolas y de las editoriales abertzales que publican en euskera, descaradamente favorecidas por el Gobierno vasco en detrimento de otras iniciativas independientes. Como muestra de ello, uno de los diez detenidos con motivo del precinto de Egunkaria es el responsable de comunicación de la federación de ikastolas, quien a su vez fue anteriormente subdirector de ese diario. El aprendizaje del euskera en el País Vasco está al servicio de la indoctrinación nacionalista, de tal forma que idioma y nacionalismo formen una unidad indisoluble en la conciencia de quienes lo aprenden.
Por ello, calificar el cierre de Egunkaria como un “atentado” a la cultura vasca, como hace el nacionalismo gobernante en Vitoria –que procura por todos los medios a su alcance erradicar y falsificar la cultura y la historia de España, de la que el País Vasco es parte esencial desde la Edad Media–, es, cuando menos, una broma de mal gusto; sobre todo si se tiene en cuenta que la tirada del periódico proetarra recién clausurado apenas alcanzaba los 15.000 ejemplares y recibía sustanciosas subvenciones del Gobierno vasco. El cierre de Egunkaria, más que un “atentado contra la libertad de expresión” o “contra la cultura vasca”, es una medida de higiene democrática, similar a la que prohibe negar el Holocausto o hacer exaltación del racismo o del nazismo. A buen seguro, de haber sido Egunkaria un periódico declaradamente nazi –lo es en la medida en que proponía “soluciones” totalitarias al “problema vasco”–, ni siquiera se habría planteado la cuestión de si su cierre atenta o no contra la libertad de expresión.
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