El cese de la huelga general el pasado mes de febrero, auspiciado por los “buenos oficios” de Carter y del Grupo de Amigos de Venezuela con el objeto de avanzar en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto, no ha servido sino para que Chávez consolide su dictadura en ciernes. Incumpliendo lo que prometió en la mesa de negociaciones, ha “depurado” PDVSA –siete mil despidos– de elementos opositores y los ha sustituido por libios, iraníes e iraquíes que obedecen sus órdenes directas. Ha impuesto el control de cambios y la prohibición de poseer divisas para poder estrangular eficazmente a aquellas empresas que no se avengan a seguir sus directrices en materia política o económica. Con buena parte de la Fiscalía y los Tribunales ocupada por partidarios suyos, Chávez se dispone a encarcelar a los elementos más activos de la oposición democrática, como ya ha hecho con el presidente de la patronal. Sus bandas de matones entrenados por Castro imponen el terror en las ciudades, y las FARC adiestran a las organizaciones terroristas destinadas a imponer su ley en las zonas rurales fronterizas con Colombia, probablemente responsables de los atentados contra las embajadas de Colombia y España. Además, Chávez ha amordazado a los medios audiovisuales, también controla al Ejército y, según denunció la oposición el domingo en Madrid –un millar de venezolanos se manifestaron en la capital de España contra Chávez–, prepara un decreto que restrinja y controle la salida del país.
En suma, el cese de la huelga ha permitido a Chávez reunir casi todos los ingredientes necesarios para imponer una dictadura, y el objetivo del líder bolivariano es hacerla realidad antes del referéndum revocatorio de agosto. Ni qué decir tiene que un plebiscito en esas circunstancias tendría poco más valor que el que convocó recientemente Sadam Hussein. Medidas como la despenalización de las identidades falsas, la sustitución de los miembros de los comités electorales, las trabas burocráticas a la obtención de documentos de identidad en las ciudades –con abrumadora mayoría antichavista– y las enormes facilidades para obtenerlas en las zonas rurales –donde existen más partidarios de Chávez–, así como la fabricación masiva de documentos de identidad falsos –para que los chavistas puedan votar varias veces– denunciada por la oposición son indicios claros de que Chávez pretende amañar el referéndum para obtener al menos el 51 por ciento de los votos cuando sus partidarios no pasan del 20 por ciento.
La comunidad internacional, representada por el Grupo de Amigos de Venezuela, ha contraído una grave responsabilidad con el pueblo venezolano que, en su inmensa mayoría, repudia la dictadura que Chávez quiere imponerle. El prototirano bolivariano ha dado muestras suficientes de que lo único que pretende de la mesa de negociaciones es ganar tiempo para descabezar a la oposición y consolidar su poder. Por ello, hora es ya de que el Grupo de Amigos se pronuncie enérgicamente en contra de los manejos de Chávez y de que le obligue a cumplir, en la próxima reunión del día 10 en Brasilia, aquello que prometió el pasado 18 de febrero.
EEUU, España y el resto del Grupo de Amigos no puede seguir manteniendo una posición de “equidistancia” entre Chávez y la oposición democrática sin convertirse en cómplice indirecto de los planes del aspirante a dictador. Los más de sesenta días de huelga general secundada masivamente por todos los estratos sociales de Venezuela –probablemente la mayor manifestación cívica pacífica en contra de un gobierno que hayan visto los tiempos modernos– y la conducta de Chávez después de la huelga deberían servir para reducir siquiera un ápice el enorme diámetro que tienen las tragaderas de la comunidad internacional, de los medios de comunicación y de la progresía cuando la dictadura comunista se cierne sobre países que no pertenecen al llamado “primer mundo”. Ojalá que EEUU y, sobre todo, España, estén a la altura de la grave responsabilidad que han asumido.
Con Chávez no hay equidistancia posible
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