La justicia necesita más medios

El nuevo crimen del asesino de la baraja (dos asesinatos y dos heridos graves en sólo mes y medio), de cuya pista se ocupa un equipo de 150 investigadores, vuelve a poner de actualidad uno de los problemas que más preocupan a los españoles: el incremento de la delincuencia. La tasa de criminalidad en España ha aumentado doce puntos en los últimos doce años, desde 38,7 delitos por cada mil habitantes en 1991 hasta casi 51 en 2002. En 2001, encabezaban el ranking de inseguridad Ceuta y Melilla, donde la tasa alcanza 88 delitos por cada por mil habitantes, seguidas de Baleares (79,7), Comunidad Valenciana (70,1) Canarias (68,8), Madrid (67,8), Cataluña (54,3), Andalucía (50,4) y Murcia (48,3).

El número absoluto anual de delitos denunciados en España se aproxima ya a los dos millones (5.479 delitos diarios), a los que habría que añadir la multitud de pequeños delitos no denunciados como el robo de carteras, bolsos, teléfonos móviles, etc.; cuya denuncia las víctimas juzgan inútil, habida cuenta de la facilidad con que los rateros eluden a la Justicia o se acogen a sus beneficios. Y es de notar que las comunidades citadas, las que mayores índices de delincuencia padecen, prácticamente coinciden las que mayores porcentajes de población inmigrante albergan. En el resto de comunidades, excepto tres (Aragón, Cantabria y País Vasco, en torno al 38 por mil) no supera la tasa del 30 por mil.

Junto al sensible incremento de la delincuencia tradicional (robos en viviendas, sustracción de vehículos, atracos y robos en comercios y las actividades de los rateros), el número de homicidios y asesinatos cometidos se ha incrementado espectacularmente (el 34 por ciento en el lustro 1995-2000), del que una parte sustancial se debe a los “ajustes de cuentas” entre bandas de delincuentes extranjeros (procedentes en su mayoría de los países del Este europeo y de Colombia) que operan en nuestro país. Una muestra de que, hasta que entren en vigor las reformas aprobadas por el Gobierno –endurecimiento de las penas, medidas contra la multireincidencia, expulsión inmediata de los inmigrantes que cometan delitos y juicios rápidos (de faltas) a partir del próximo 28 de abril y el incremento de las dotaciones policiales–, actualmente en trámite parlamentario, España es el país europeo que con más benevolencia trata a los delincuentes y, por tanto, el preferido por los delincuentes extranjeros y por el crimen organizado.

Con esas reformas, el Gobierno ha dado el primer paso para atajar el problema, encareciendo el delito y mitigando el “efecto llamada” que la benignidad de nuestra legislación supone para los delincuentes extranjeros. Sin embargo, de poco servirán las nuevas leyes y el incremento de las dotaciones policiales si no se atiende también a las necesidades de una Justicia lenta, colapsada y sin medios suficientes. Sólo los llamados “juicios rápidos” –para delitos menores–, requerirán un sensible incremento del número de jueces y fiscales en los Juzgados de Guardia, así como de servicios periciales necesarios. También será preciso ampliar o construir nuevos centros penitenciarios, colapsados con el vertiginoso incremento de la población reclusa (54.000 internos).

Con frecuencia se olvida que la pieza clave del Estado de Derecho no es tanto –con ser también imprescindible– la existencia de un cuerpo legal que reconozca y proteja los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, sino la rapidez y eficacia con que la Justicia sea capaz de aplicarlo. En este sentido, la inversión en Justicia es incluso más prioritaria que la inversión en sanidad, en pensiones o en infraestructuras pues, como la experiencia de otros países demuestra, sin un Estado de Derecho eficaz apenas es posible el progreso.

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