El parlamentario del PNV, Emilio Olabarría, ha considerado este fin de semana que la petición de la Fiscalía al Consejo del Poder Judicial para que suspendiera la Sala de Discordia es “un pulso entre una Justicia vicaria y sumisa al Gobierno y una Justicia de verdad, independiente y configurada por magistrados de experiencia y neutrales, que se corresponden con el ideal de justicia de cualquier país democrático”.
En primer lugar, en cualquier país democrático del mundo las organismos judiciales obedecen los rangos de jerarquía por lo que, sólo violando la ley, los órganos inferiores pueden echar un “pulso” a las sentencias del Tribunal Supremo. El colmo de la desfachatez, sin embargo, es que Olabarría presente a magistrados de acreditada obediencia nacionalista y que el PNV ha tratado de colar para echar abajo la querella contra Atutxa, como representantes de la “justicia independiente y neutral”.
Aunque el CGPJ acaba de suspender la denominada “Sala de Discordia”, conviene que no nos quedemos en las meras razones de “procedimiento” que se han alegado para tomar esta medida cautelar, sino que cuestionemos además esta “neutralidad” de dos de los tres jueces designados para esa sala. Nos referimos a los magistrados Enrique Torres López de la Calle y Manuel Díaz de Rábago.
El PNV ciertamente debe apreciar como ejemplos de “experiencia y neutralidad” la negativa de Torres de ceder las instalaciones del Tribunal para la entrega del premio “Carmen Tagle”, que otorga el foro de Ermua, o la sentencia de este mismo magistrado por la que el Ayuntamiento de Ochandio pasó a manos de una de las plataformas abertzales legales, gracias al voto de un preso de ETA.
En cuanto a Díaz de Rábago, este miembro de Jueces para la Democracia no sólo se ha negado a ceder instalaciones judiciales para rendir homenajes a las víctimas del terrorismo, sino que ha llegado a negarse a convocar una concentración frente a la Audiencia de Vizcaya como protesta por el asesinato de un guardia civil en Leiza. Y es que, para este juez “independiente”, tanto las instalaciones judiciales como sus alrededores deben quedarse al margen y como terreno “neutral” entre víctimas y verdugos.
Si toda esta “neutralidad” ya no fuera lo suficientemente repugnante, Díaz de Rábago ha equiparado públicamente la ilegalización de los representantes políticos de ETA con los asesinatos del GAL. ¿Qué “objetividad” se puede esperar de un magistrado que públicamente se opone a la legislación —concretamente la Ley de Partidos — hasta el punto de criminalizarla?
Una cosa es segura, y es que con independencia de cómo califiquemos estas actuaciones y manifestaciones de los magistrados del PNV, seguro que ETA las sabrá apreciar. Algo muy distinto de los casos de otros jueces que, por no hacer lo mismo, lo están pagando bajo tierra.
En España
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro